viernes, febrero 25, 2011

El Rector Narro no sabe Economía

El rector de la UNAM, José Narro Robles reprochó el decreto de deductibilidad de colegiaturas de escuelas privadas . Su argumento en contra es que esos 13,000 millones que el gobierno tendrá que devolver bien podrían ir a duplicar la educación superior para el 2020.



Explicó que cuando los rectores de las universidades públicas piden la mitad de esos recursos, “nos dicen que no hay dinero y cuando se tiene una prioridad, siempre se ha encontrado la manera de tener el financiamiento correspondiente”.

Ante especialistas de la educación superior de América Latina y Europa, el rector Narro Robles explicó que el país necesita de manera “urgente modificar el rumbo” para insertarse en la sociedad del conocimiento

De lo que no habla el Dr. Narro, es que su universidad la UNAM, no importa que lugar tenga académicamente en el ranking mundial, y no sólo la UNAM, incluso también las privadas, son en México fábricas de desempleados o subempleados, o bien estudian para algo y terminan haciendo una cosa completamente distinta. Esto es, un inmenso dispendio de recursos públicos, y lo peor humanos. Los jóvenes invierten cuatro o cinco años de sus vidas preparándose para ser profesionistas y al no encontrar acomodo en su profesión tienen, que emplearse en lo que sea, y al sueldo que sea. Tuvieron su educación “gratis”, y ahora encuentran empleos también casi “gratis” para sus empleadores, y es que hay tantos licenciados de todo, que ¿Por qué se les va a pagar más, si hay miles que están dispuestos a emplearse casi “gratis”?

Y es que hoy en día, el sueño universitario ha sido cancelado. El soñar con tener un título que abrirá las puertas de la prosperidad no es ya una realidad, salvo en contados casos y más como una excepción que como una regla.

La razón de todo esto es muy simple, dramáticamente simple, el laboral es un mercado, y funciona le guste a Narro o no siguiendo las leyes de la oferta y la demanda. Si la UNAM y las universidades públicas y privadas aumentan la oferta de profesionistas pero no lo hace la demanda de ellos, el resultado será que quedarán sin empleo. Narro quiere aumentar al doble la matricula de estudiantes universitarios, pues Narro debería de pensar como hacerle para que la demanda de esos profesionistas aumente en esa proporción, si esto no sucede así, ese doble de profesionistas, serán el doble de desempleados. Finalmente el objetivo de una universidad es capacitar a la gente, facultar para que los individuos adquieran capital humano, esto es, habilidades que sean valoradas por los demás y que les permitan obtener un flujo de efectivo en el futuro, esto es riqueza. Pero si las personas que tienen determinadas habilidades o conocimientos son muchas, la valoración del individuo cae y o no encuentra empleo o tendrá que emplearse con un salario mucho menor al esperado.

En efecto, eso no está a discusión, la educación y capacitación es un factor importante, el principal, para abatir la pobreza. Pero debe enfáticamente establecerse que es condición necesaria pero no suficiente, si no fuera así Cuba, y en su momento la Unión Soviética, serían países asombrosamente ricos, pero no lo son, ¿Por qué? Por qué no obstante que se tiene el capital humano, no hay quien lo aproveche, es decir no hay crecimiento económico y aunque hay oferta de capital humano valioso no hay la contraparte en la demanda, los gobiernos comunistas siempre mostraron una absoluta incapacidad de generar crecimiento económico, que prueba que en la práctica, el Estado rector de la economía y/o que sea poseedor de los recursos para la producción es un inmenso fiasco. Lo mismo que está ya sucediendo aquí, y en todos los países como España, Francia en que el Estado Benefactor implantado por los socialistas es un enorme freno al desarrollo económico.

Por tanto, la segunda premisa para combatir eficazmente la pobreza es el crecimiento económico. Una economía que crece crea oferta de servicios y productos, y estas empresas requieren de personal capacitado, entre más inversión exista y más empresas sean creadas y las existentes incrementen su capital invertido, la demanda por personas sube, y los activos humanos suben de valor, los jóvenes profesionistas encuentran empleo para lo que fueron entrenados, y no sólo eso, lo encuentran bien pagado, la pobreza se termina, el país prospera, y todos mejoramos materialmente. Y no se tuvo que quitarle nada a nadie…No de tuvo que distribuir nada Sr. Rector..

Mucho he escrito sobre que medidas se requieren para incentivar el crecimiento económico, pero aquí comentaremos que la política tributaria dirigida a la redistribución del ingreso atenta flagrantemente en su contra ya que desincentiva el trabajo, el ahorro y la inversión, sobre todo esta última, ya hasta la saciedad he manifestado que un empresa se pone para generar utilidades, y si estas utilidades no son importantes, existen otros países, y otras alternativas que si las son, esto explica por qué es tan raquítica la inversión extranjera. También, esta política tributaria termina minando la base de recaudación, ya que incentiva la evasión, generando crecientes presiones fiscales deficitarias, las cuales también inhiben el crecimiento. Por otra parte, las políticas encaminadas a los subsidios distorsionan los precios relativos y la asignación de recursos en la economía, lo cual implica generar un menor nivel de PIB real con los recursos disponibles. Y finalmente, una parte muy importante de la recaudación se pierde en la administración burocrática de los programas de gasto gubernamental, lo que implica una destrucción neta de riqueza. Una política económica que enfatice la redistribución del ingreso, al desincentivar el crecimiento económica termina, efectivamente, por hacer a todos más pobres, sin que se logre de paso una mejora en la distribución del ingreso, aunque el slogan político sea “por el bien de todos, primero los pobres”. Lo que efectivamente están haciendo con las prácticas re distributivas es exactamente lo contrario a lo que intentan hacer, crean más miseria y en su terquedad ideológica impiden que en México pueda terminarse con la pobreza.

Parece muy difícil que mucha gente pueda entender que para acabar con la pobreza el único antídoto efectivo es crear riqueza y para alcanzar la riqueza sólo hay un camino, el de la inversión, y el trabajo, y para poder invertir es menester primero formar capital, tener utilidades y ahorrarlas, esto es, el capitalismo. Y no como claman los de la izquierda presos en sus erradas ideologías, que ante la evidencia en el mundo real no son más que idioteces, por que eso son y nada más que eso, por que quitar el dinero o apropiarse de de los medios de producción de los ricos, nunca ha servido para reducir la pobreza, ni servirá, y por el contrario, por las razones aquí expuestas, producen más pobreza, no obstante sus clamadas buenas intenciones, por estridentes y atractivas para su uso en marketing político que sean.

Dr. Narro, la deductibilidad de colegiaturas en un buen primer paso para elevar la educación básica y media, es también un buen primer paso para incrementar el poder adquisitivo de la mermada clase media, no creo que significativamente se incremente el ahorro nacional con la medida, pero es un buen primer paso, en la dirección correcta. Lo que tenemos que hacer Dr. Narro es reducir los impuestos, y para ello se tiene que reducir el tamaño del Estado, incluyendo el de su propia Universidad. Por qué ¿De que le sirve a México producir desempleados frustrados?

martes, febrero 22, 2011

El Sistema Tributario, Moral y Economía (3)

Como hemos vistos en las dos entregas previas sobre el tema, impuestos indirectos o directos son en realidad idénticos en el sentido que aceptan como un derecho prioritario del Estado a los productos del trabajo, y en consecuencia la propiedad privada de los individuos.

Ahora surge la pregunta importante, con ese derecho del Estado sobre nuestra propiedad que le faculta a robar lo que juzgue necesario ¿Qué va a hacer con el dinero producto del expolio? Esto es, responder a la interrogante ¿Para qué quiere el Estado mi dinero? Para responder a esta pregunta es conveniente analizar por separado los distintos gastos públicos, empecemos con los Servicios Sociales.

Impuestos para Servicios Municipales, Obra Pública

Los impuestos para servicios municipales y la denominada obra pública, dan a entender un intercambio equitativo. Sugiere una relación de justicia. Sin embargo, la condición esencial de cualquier intercambio, es que deben realizarse voluntariamente, esto está ausente en los impuestos: El mismo uso de la coerción y la compulsión elimina a los impuestos de la posibilidad del libre intercambio, del campo del comercio, y les pone directamente en el de la política. Los impuestos no pueden compararse a cuotas pagadas a una organización voluntaria, tal y como un club deportivo; por los servicios que la membresía del club faculta a sus miembros, porque en los impuestos no existe la posibilidad de abandono. Al rechazar un intercambio, como en un club, podemos denegarnos un beneficio, y dejar de usar sus instalaciones y servicios, pero la única alternativa al pago de impuestos es la cárcel. En consecuencia la sugerencia de la equidad en la tasación es falaz. Si obtenemos algo de los impuestos que pagamos no es porque lo queramos: nos viene impuesto. Alguien, que no el ciudadano decide que es lo que supuestamente vas a recibir en este intercambio involuntario, y para muchos ciudadanos eso que van a recibir en nada o casi nada.

En relación con los servicios municipales, una comunidad puede compararse con un gran edificio de oficinas en el que los ocupantes, realizando negocios muy diversos, hacen uso de instalaciones comunes, como ascensores, limpieza, calefacción, etc. Cuantos más inquilinos haya en el edificio, más dependientes son todos de estas especializaciones generales y los operadores del edificio las suministran en una tarifa a prorrata: la tarifa se incluye en el alquiler. Cada uno de los inquilinos puede realizar sus negocios más eficientemente porque no tiene que ocuparse de su parte en las tareas generales.

Así son los ciudadanos de una comunidad más capaces de desarrollar sus distintas ocupaciones porque se mantienen las calles, los bomberos están alerta, el departamento de policía ofrece protección a la vida y la propiedad. Cuando una sociedad se está organizando, como un pequeño pueblo remoto de reciente creación, imaginemos como ejemplo a la comunidad de los Menonitas en Chihuahua. La necesidad de estos servicios generales se cubre mediante trabajo voluntario. La carretera se mantiene abierta por sus usuarios, hay un departamento voluntario de bomberos, el anciano respetado realiza las tareas de un juez. A medida que crece el pueblo, estos trabajos extra se convierten en demasiado onerosos y complicados para los voluntarios, cuyos asuntos privados deben sufrir por el aumento en la demanda, así que aparece la necesidad de contratar especialistas. Para cubrir el gasto, se dice, debe recurrirse a los impuestos obligatorios y la pregunta es ¿Por qué deben los residentes verse obligados a pagar por quitarles el trabajo que antes realizaban por propia voluntad? ¿Por qué la coerción es correlativa a los impuestos?

No es verdad que los servicios serían imposibles sin los impuestos: esa afirmación viene negada por el hecho de que los servicios aparecen antes de que se introduzcan los impuestos. Los servicios aparecen porque se necesitan. Se pagan porque hay una necesidad de ellos al principio con trabajo y, en algunos pocos casos, con contribuciones voluntarias de bienes y dinero: el intercambio es sin coacción y por tanto justo. Sólo cuando el poder político se apropia de la gestión de estos servicios aparece el impuesto obligatorio. No es el coste de los servicios lo que obliga a los impuestos, es el coste del mantenimiento del poder político.

En el caso de los servicios generales en el edificio, el coste se cubre mediante el pago de la renta en proporción de acuerdo con el tamaño y ubicación del espacio ocupado y la cantidad la fija el único árbitro equitativo del valor: La competencia, si la renta es demasiado onerosa, habrá siempre otros edificios a los que puedas mudarte. Igualmente en la comunidad en crecimiento el coste de los servicios sociales podría cobrarse equitativamente por la ocupación de puestos dentro de la comunidad y esta carga se fijaría inmediatamente porque los establece la negociación y operación del mercado. Cuando buscamos el origen del valor de estas ubicaciones descubrimos que deriva de la presencia y actividad de la población: cuanta más gente compita por el uso de esas posiciones, mayor será su valor. También es cierto que con el crecimiento de la población se produce un aumento de la necesidad de servicios sociales, y parecería que los valores que aparecen por la integración deberían en justicia ser aplicados a la necesidad que también deriva de ella.

Toda la historia apunta al fin económico del poder político. Es el instrumento efectivo de las prácticas de explotación. Hablando en general, la evolución de la explotación política sigue un patrón fijo: Robo dándose a la fuga, tributos regulares, esclavitud, percepción de rentas. En la etapa final, y después de una larga experiencia, la percepción de rentas se convierte en el principal método de explotación y el poder político necesario para ello se financia con los tributos a la producción. Siglos de adaptación nos han habituado al negocio, la ley y la costumbre le han dado un aura de rectitud: La apropiación pública de la propiedad privada mediante los impuestos y la apropiación privada de la propiedad pública mediante percepción de rentas se han convertido en instituciones incuestionables.

Y así, a medida que crecen las integraciones sociales y la necesidad de servicios generales crece a la vez, nos dirigimos a los impuestos por un largo hábito. No conocemos otro camino. Entonces, ¿Por qué protestamos por pagar impuestos? ¿Puede ser que seamos, en el fondo, concientes de una iniquidad? Está la obra pública en las calles, mantenerlas limpias y luminosas, mejorar el tráfico, el transporte masivo, el suministro de agua, el alcantarillado, etc., que hacen a todos nuestra permanencia en la comunidad cómoda y confortable y se nos dice que el coste de todo esto debe sufragarse. El coste se sufraga con nuestros salarios. Pero luego descubrimos que por una determinada cantidad de trabajo no ganaríamos más de lo que podríamos en una comunidad que no tenga estas ventajas. En la periferia, los salarios, para el mismo tipo de trabajo, es aproximadamente el mismo que en la metrópolis. El capital no gana menos, por el dinero invertido, en un poblado periférico que en la Av. Paseo de la Reforma en el centro de la Ciudad de México. Es cierto que en una metrópolis tenemos más oportunidades de trabajar y podemos trabajar más duro. En el pueblo, el tiempo parece transcurrir con mayor lentitud, se trabaja menos y se gana menos. Pero cuando comparamos a nuestras mayores percepciones en la metrópolis con los costos de rentas, valor de los inmuebles e impuestos de la gran ciudad, ¿Tenemos acaso más satisfacciones? ¿Nos queda más neto? No necesitamos ser economistas para apreciar la incongruencia.

Si trabajamos más en la ciudad, producimos más. Si, por otro lado, no tenemos más en neto ¿A dónde va el aumento? Bueno, donde está ahora el edificio del banco había en otros tiempos un baldío, una pocilga y en lo que una vez fue el terreno de un establo ahora están los grandes almacenes. El valor de estos sitios ha aumentado tremendamente, en realidad en proporción a la multiplicidad de los servicios sociales que reclama la floreciente población. Así que el lugar en que acaba nuestro incremento de productividad es en los terrenos y los propietarios de éstos son de hecho los beneficiarios de los servicios municipales y la obra pública para el mantenimiento de los cuales nos vemos obligados a renunciar a nuestros salarios.

Por tanto es el terrateniente el que se beneficia de los impuestos. Realmente él posee los servicios pagados por la producción. Lo sabe, actúa descaradamente, nos lo dice siempre que pone su propiedad en venta. En sus anuncios habla acerca de las facilidades de transporte de las que disfruta, la escuela cercana, la eficiente protección de bomberos y policía pagados por la comunidad: capitaliza todas estas ventajas en su precio. Todo esta claro y encima de la mesa. Lo que no se anuncia es que los servicios que ofrece en venta se han pagado mediante cargas obligatorias recaudadas de lo que produce el público. Esto es, con tú dinero de impuestos tú estas beneficiando al terrateniente inmobiliario, tu único consuelo es escribir a tus primos del pueblo acerca de las maravillas de la gran ciudad, especialmente la maravilla de ser capaz de trabajar más intensamente para poder pagar las maravillas y beneficiar a los propietarios de esos edificios y centros comerciales enormes.

Impuestos para la “Justicia Social”

Llegamos a que en la moderna doctrina tributaria su justificación es el fin social al que se dedica el ingreso. Aunque se ha anunciado descaradamente como un principio descubierto en los últimos años, la práctica de los impuestos para la mejora de las condiciones sociales es muy antigua: Roma lo hacía en su decadencia y los impuestos para mantener las casas de pobres se recaudaban mucho antes de que se inventara aquello de la “justicia social” y del combate a la desigualdad mediante la “redistribución de la riqueza” y se le diera al “gasto social” las proporciones de panacea. Es interesante advertir que esta doctrina se convirtió en una filosofía de los impuestos durante la década de la Depresión, con Roosevelt, la de 1930 que por así decirlo “inventó el Estado de Bienestar”. Así que, el “gasto social”, se califica a sí mismo como el remedio humanitario para la enfermedad de los pobres en medio de la abundancia, el tratamiento caritativo de primeros auxilios ante la injusticia aparente. Como todas las propuestas que nacen de la bondad de corazón, la tributación para fines sociales es un fácil tratamiento superficial de una enfermedad de raíces profundas y como tal está destinado a hacer más mal que bien.

En primer lugar, esta doctrina rechaza inequívocamente el derecho de la persona a su propiedad. Eso es básico. Habiendo establecido esta premisa importante, se salta a la conclusión de que la “necesidad social” es el fin de toda producción, que el hombre trabaja, o debería trabajar, no por él mismo y su familia sino por el bien de la masa. Los impuestos son el medio apropiado para difundir el resultado del trabajo, para “redistribuir la riqueza”, nos dicen reiteradamente. No preocupa el ahorro y la formación de capital, que es la única vía para fomentar un crecimiento económico sólido que es la única forma de erradicar efectivamente la miseria de un pueblo. Lo importante es “redistribuir” y esto en la práctica se traduce en destrucción de riqueza y en el largo plazo en permanecer bajo las mismas condiciones de miseria que las iniciales, tal y como las frías cifras lo confirman (CONEVAL).

La doctrina no distingue entre propiedad adquirida por privilegio y propiedad adquirida por producción. No puede, no debe, hacerlo, pues al hacerlo cuestionaría la validez de la tributación en general. Por ejemplo, si se aboliera la tributación, el coste de mantener el gasto social de una comunidad no tendrían medios para financiarse (no hay otras fuentes) y el privilegio de apropiarse de las rentas desaparecería. Si se aboliera la tributación, las prebendas de los funcionarios se desvanecerían y esto constituye en el total un privilegio que recae más duramente sobre la producción. Si se aboliera la tributación, le deuda pública sería imposible, para consternación de los tenedores de bonos. La tributación para fines sociales no contempla la abolición del privilegio existente, sino que contempla el establecimiento de nuevos privilegios burocráticos. Por eso no se atreve a ocuparse del problema básico, el del crecimiento económico única ruta a la mejora material de todos.

Además, al desanimar la producción como consecuencia de la imposición de este plan, se agrava la condición que se esperaba corregir. Si Juan, Pedro y José se dedican a fabricar bienes y prestar servicios, quitarles algo a alguno, aunque lo que se les quite se le entregue a otro, debe rebajar la economía de todos ellos. La opulencia de Juan, como fabricante, se debe al hecho de que ha servido a Pedro y José de una forma que éstos encontraban deseable. Puede ser más trabajador o tener mejores habilidades y por eso le favorecen siendo sus clientes; aunque ha adquirido abundancia, se ha hecho rico, no la ha hecho a sus expensas: Tiene porque ellos tienen. En cualquier intercambio equitativo hay dos beneficios, el del comprador y el del vendedor. Cada uno entrega lo que quiere menos por lo que desea más ambos consiguen un aumento en el valor. Pero cuando el poder político priva a Juan de sus posesiones, éste cesa de ser cliente de Pedro y José en la cantidad desfalcada. Pierden a un cliente por el importe del impuesto y en consecuencia pierden el empleo. El subsidio que se les da realmente les empobrece, igual que ha empobrecido a Juan. La economía de una comunidad no mejora con la distribución de lo que ya se ha producido sino por un aumento en la abundancia de las cosas de las que vive la gente; vivimos de la producción actual, no de la pasada. Por tanto cualquier medida que desanime, restrinja o interfiera en la producción debe rebajar la economía en general y está claro que la tributación para fines sociales es una medida de este tipo.

Como escribió George Bernard Shaw: “Un gobierno que roba a Peter para pagarle a Paul siempre tendrá el apoyo de Paul”. Esta frase tan sencilla explica en mucho la motivación de los políticos para robar a “Peter”, los votos democráticos, que a su vez les facultan a adquirir el poder, ya que siempre habrá más “Paul” que “Peter”.

Dejando aparte su economía, las implicaciones políticas de esta política fiscal filantrópica, del ogro filantrópico como atinadamente escribía Octavio Paz, no llevan a una revolución de primera magnitud. Como la tributación, incluso cuando se disfraza de mejora social, debe venir acompañada de compulsión, sus límites deben coincidir con los del poder político. Si el fin a alcanzar es el “bien social” el poder de apropiación puede perfectamente extenderse a toda la producción, pues ¿quién puede decir dónde termina el “bien social”? Actualmente el “bien social” incluye la educación gratuita incluyendo cursos de postgrado y profesionales, la hospitalización y servicios médicos gratuitos, seguro de desempleo (no en México) y pensión de jubilación, subvenciones al campo y ayudas a las industrias nacientes, servicios de empleo gratuito y casas de renta baja, contribuciones a proyectos para el avance en las artes y las ciencias y así sucesivamente, aproximándose al infinito, el Estado ha adquirido trillones de tareas que hacer para justificar el dinero que nos quita. El “bien social” se ha desparramado de una materia privada a otra y la definición de este término indeterminado se hace cada vez más elástica. El derecho democrático a estar equivocado, mal informado, mal aconsejado o incluso a ser estúpido no supone una restricción a la imaginación de quienes se dedican a interpretar la frase, y adonde va la interpretación, va el poder de obligar al cumplimiento.

El final de la tributación para fines sociales es el absolutismo, no sólo porque el creciente poder fiscal conlleva un aumento igual en el poder político, sino porque la inversión de los ingresos en la persona por parte del Estado le da un interés pecuniario a aquél. Si el Estado le cubre todas sus necesidades y le mantiene sano y con cierto grado de confort, debe considerarlo un activo valioso, una pieza de capital. Cualquier reclamación de derechos individuales se liquida por la inversión de dinero de la sociedad. El Estado se ocupa de proteger la inversión de la sociedad, como el reembolso y el beneficio, por medio de los impuestos. El poderoso motor alojado en cada individuo debe dedicarse al mejor uso para la mejora de los fines sociales, tal y como prevé la dirección. Así que el plan fiscal que empieza con la distribución se ve forzado por la lógica de los acontecimientos al control de la producción. Y el concepto de derechos naturales resulta inconsistente con la obligación social del individuo. Vive para el Estado que le alimenta. Pertenece al Estado por derecho de compra. Es un zángano, un parásito.

La declaración final de rectitud de la tributación es la fórmula de capacidad de pago y resulta ser un caso con demasiadas objeciones. En los gravámenes a los bienes, de los que el Estado obtiene la mayoría de sus ingresos, la fórmula no es aplicable. Ya sea que tengamos ingresos por cien mil pesos al año o al día, el impuesto a cualquier artículo de consumo es idéntico por lo tanto, la capacidad de pago no interviene. A causa de los impuestos en los productos de primera necesidad, el hombre pobre puede verse privado de alguna satisfacción marginal, como una cajetilla de cigarrillos, mientras que el rico, que paga los mismos impuestos en esos productos, difícilmente se verá tentado de dejar su caro puro cubano. En los más importantes impuestos indirectos, por tanto, la fórmula mágica de la justicia social no existe.

Sólo es aplicable para gravar ingresos antes de su gasto y aquí de nuevo su declaración de equidad resulta ser falsa. Todo impuesto a los salarios, no importa lo pequeño que sea, afecta al nivel de vida del trabajador, mientras que el impuesto al rico sólo afecta a sus lujos. La proclamación de equidad que implica la fórmula viene negada por este hecho. De hecho esta afirmación sólo sería válida si el Estado confiscara todo por encima de un nivel de vida predeterminado e igual para todos, pero entonces, claro, se habría establecido la igualdad en la confiscación.

Pero de la capacidad de pago no puede venir nada bueno, porque es en sí misma una inmoralidad. ¿Qué es sino la norma del bandolero de robar donde le viene mejor? Ni el bandolero ni el recaudador de impuestos piensan en el origen de la riqueza de la víctima, sólo en su cantidad. El Estado no es muy distinto, al llevarse lo que puede, de ladrones, asesinos o prostitutas reales o presuntos y su vigilancia sobre este aspecto está tan firmemente establecida que los que quebrantan otras leyes encuentran sensato cumplir escrupulosamente con el impuesto de la renta. Sin embargo, la capacidad de pago tiene apoyo popular (y debe reconocerse como la razón de su promulgación) a causa de cualidad implícita de “justicia social”. Es una apelación a la envidia de los incompetentes así como al desafecto de las masas otorgado a la pobreza involuntaria por nuestro sistema de privilegios.

Para apoyar la fórmula existe el argumento de que las rentas están relacionadas con las oportunidades permitidas por el Estado y que la cantidad del impuesto es meramente un pago por estas oportunidades. De nuevo el quid pro quo. Esto es sólo parcialmente cierto y en un sentido no pretendido por los defensores de esta fórmula fiscal. Allá donde el ingreso deriva del privilegio (y todo privilegio se basa en el poder del Estado) es evidentemente justo que el Estado confisque lo recaudado, aunque sería más justo si el Estado no estableciera el privilegio en primer lugar. La concesión en monopolio de recursos naturales, por ejemplo, es un ingreso por el que no se rinde ningún servicio a la sociedad y se recauda sólo porque el Estado lo apoya: Un impuesto del 100% sería por tanto igual de equitativo. Los beneficios de de los aranceles proteccionistas serían justos para el recaudador de impuestos. Un gravamen a todos los negocios subvencionados por la cantidad total de las subvenciones, tendría sentido, aunque seguiría requiriendo explicación el otorgamiento de subvenciones. Recompensas, subsidios de desempleo, beneficios del “mercado negro” posibilitados por las restricciones políticas, los beneficios sobre contratos con el gobierno… todo ingreso que desaparecería si el Estado suprimiera su apoyo, podría ser adecuadamente gravado. En ese caso, el Estado estaría llevándose aquello de lo que es responsable.

Pero ese no es el argumento de los energúmenos de la capacidad de pago. Éstos insisten en que el Estado es un factor que contribuye a la producción y que sus servicios tendrían que remunerarse adecuadamente; la medida del valor de estos servicios es el ingreso de sus ciudadanos y un impuesto gradual sobre estos ingresos es sólo la compensación debida. Si las ganancias reflejan los servicios del Estado, se deduce que las mayores ganancias derivan de mayores servicios y la conclusión lógica es que el Estado es un mejor servidor de los ricos que de los pobres. Puede que sea así, pero es dudoso que los expertos fiscales deseen llegar a esa conclusión: Lo que quieren que creamos es que el Estado nos ayuda a mejorar nuestras circunstancias, que nuestra vida mejora materialmente gracias a él. Esa idea da lugar a algunas preguntas provocativas: ¿Por el impuesto que paga el granjero disfruta de mejor clima? ¿Sus vacas crecen más rápido? ¿Tendrá mejores cosechas? ¿O el comerciante de un mercado más activo? ¿Mejora la habilidad del mecánico por algo que hace el Estado con lo que le quita? ¿Mejora la capacidad de producción de una fábrica con lo que el Estado de capital le quita? ¿Podrá crecer más rápido gracias a la merma en sus utilidades? ¿Cómo puede el Estado estimular la imaginación del genio creativo o añadir inteligencia al filósofo? ¿Cuándo el Estado se lleva un dinero del jugador mejora su suerte? ¿Aumentan las ganancias de la prostituta porque su comercio se legalice y grave? ¿Qué papel desempeña el Estado en la producción para justificar su tajada? El Estado no da, simplemente toma.

Sin embargo, todo este argumento es una concesión a la confusión con la que la costumbre, la ley y los sofismas han ocultado el verdadero carácter del sistema tributario. No puede haber un impuesto bueno ni justo: Todo impuesto se basa en la coacción, todo impuesto es un robo. El sistema tributario es un robo y como en cualquier robo, al que se le despoja de sus pertenencias lo deja en peores condiciones. Esto es, lo empobrece, y esto sobre todo es válido con los más necesitados.

Los Impuestos Impiden tu Mejora Material

Pero es esta situación absurda en la que nos encontramos la que nos ofrece la oportunidad de implantar principios económicos sólidos, sensatos, que sustituyan a los principios perniciosos, dañinos implantados por nuestros gobernantes. Es necesario explicar a los ciudadanos, a los votantes, que es en realidad lo que produce la prosperidad de los países, que fue lo que hizo a cambiar a Singapur, Hong Kong, China, Nueva Zelandia, Estonia, Irlanda, y dejar atrás la pobreza, y que fue lo mismo que hizo que los países occidentales: Se hicieran ricos, bueno hasta que llegaron los “progresistas” a alentar el “Estado Benefactor” de las sociales democracias europeas, que han logrado detener el crecimiento de esas naciones, y que tienen bajo asalto a los EU con Obama, y que amenazan con destruir la prosperidad de la humanidad. También hay que explicarles a los votantes las razones por las cuales en los Estados Unidos, Alemania o Inglaterra, la gente gana mucho más que acá y en todos los países en los que el capital invertido por habitante es bajo. Los ciudadanos deben de entender que su mejoramiento material no está en las manos asistencialistas de los gobiernos, tampoco está en que les den educación, salud, gratuitos, los ciudadanos deben de entender que su destino material está en manos de la posibilidad de incrementar la acumulación de capital, esto es del ahorro que más adelante se invierte en fábricas, granjas, equipamiento de capital, tractores, sistemas de riego, máquinas de control numérico, hoteles, restaurantes, bares, y con ello, empleos, que absorban la creciente demanda de ellos, y que entre más capital se acumule, y menos restricciones existan para que se invierta, es decir y en pocas palabras, mientras dejemos que el capitalismo, los mercados libres, proliferen, menos pobres habrá y viviremos mejor todos. Esto, no son hipótesis, la historia nos los demuestra, pero parecemos querer ignorarla.

Hoy en día sólo los hombres de negocio, los vilipendiados empresarios son los únicos ciudadanos que se preocupan por hacer provisiones de capital para la creación, el mejoramiento y la expansión de sus fábricas o negocios. El resto de la gente, gobernantes incluidos, son completamente indiferentes al asunto, sin saber que precisamente su destino, su empleo, su bienestar material y el de sus hijos depende de ello. Lo que se necesita es hacerle comprender a la gente esto, a toda la gente, tienen que comprender que sólo ahorrando se puede iniciar un negocio, y este va a generar riqueza aunque en un principio sea sólo para el pequeñísimo empresario, y beneficios para toda la sociedad, empezando por supuesto con los empleos.

Como la verdad veo muy difícil que alguno de los partidos políticos existentes en nuestro país, todos ellos socialistas; quizá se necesite la creación de uno nuevo partido político, o por lo menos una agrupación política que abandone completamente las ideas falaces de la “redistribución de la riqueza” y que tenga por objetivo que: Como la prosperidad de una Nación y los niveles salariales dependen de un continuo e incesante incremento en la inversión de CAPITAL, en plantas, minas, granjas, tiendas, negocios de hospitalidad, de entretenimiento y en general en toda actividad empresarial y acción humana que genere riqueza, es tarea del Estado, eliminar todos los obstáculos que entorpecen, ralentizan, o de plano, evitan, impiden, la acumulación e inversión de nuevo capital.

martes, febrero 15, 2011

Educación Deducible del Impuesto Sobre la Renta

Hago una pausa a la línea de discusión sobre el Sistema Tributario, para comentar esta disposición de Felipe Calderón de hacer deducibles del ISR, hasta un límite, los gastos educativos desde maternal hasta media superior.

Lo primero que puedo comentar es que la medida, es muy buena. Sé que algunos la criticarán, pero a mí me parece muy buena, a pesar de sus limitaciones.

En primer lugar, se equipara a la de los seguros de gastos médicos, que también tienen un límite, no permite la ley deducir todo el gasto del seguro, y los gastos funerarios en donde sí se puede deducir todo.

Evidente mucho de lo que busca esta ley es establecer un estímulo a la formalidad: Las escuelas tendrán que emitir facturas en forma, todavía no se cobra IVA, pero me imagino que andan pensando en implantarlo. Los padres tendrán que pagar con cheque, tarjeta de débito o crédito, o mediante vía electrónica, si no lo hacen, no podrán deducirlo. Es decir, un apriete a forzar la formalidad.

La medida es en cierta forma inequitativa puesto que los padres o tutores deberán de tener ingresos comprobables, esto es, estar en el sector formal. Aún a los que pagan pocos impuestos o ninguno, tendrán que presentar su declaración anual en abril, y ahí es cuando el Estado les devolverá hasta el límite consignado en la ley. Inequitativa por que los que no tienen ingresos formales no podrán deducir nada, y también limitada, por que a los padres se les hará la devolución hasta el mes de mayo o junio, y sólo una vez al año, mientras que los padres tienen que pagar las colegiaturas mes con mes. Aún así, la medida es buena, para los que puedan ejercerla, va a ser una especie de aguinaldo en el que de pronto reciben un dinerito para ayudarlos.

Por lo que he visto, en las tablas publicadas en los medios los montos que permitirán deducir no son ni el 50% de una escuela primaria regular, de cualquier forma, al igual y como acontece con los seguros de gastos médicos es una ayuda, y sobre todo es el reconocimiento de que el Estado no puede dar educación de calidad. Conozco muchos casos de familias y madres solteras que con un gran esfuerzo pagan las colegiaturas de las escuelas de paga (me resisto a llamarlas privadas, por que no lo son), en donde tan siquiera los maestros asisten y no están en plantón en el zócalo de la ciudad o poblado exigiendo no se qué.

No sé hasta que punto, para que esta sea una importante medida para empezar a crear, lo que yo creo es la única forma en que la educación en este país mejore: La competencia. Y escribo empezar a crear, por que como escribo arriba, por su propia mecánica y el requerimiento de que los padres reciban ingresos dentro del sector formal y que la ayuda sólo llega una vez al año que muy difícilmente, para los padres que perciben muy pocos ingresos hará la gran diferencia como para sacarlos de la escuela en donde tienen a porros golpeadores por profesores, que ni asisten, a una en donde, al menos, los prefesores se presenten y aprendan según el plan de estudios diseñado por la SEP.

Creo que la medida, aunque buena, puesto que regresa algo de dinero a los padres, podría ser mucho, pero mucho mejor si esta ayuda se otorgara en forma mensual, así los padres tendrían el poder de la elección más a la mano, empezarían a ser los soberanos del proceso educativo, y con su “voto”, esto es, al inscribir y mantener a sus hijos en una determinada escuela, haría que esta prosperara y mejorara, y, por el contrario, las escuelas mediocres o malas, perderían alumnos y desaparecerían. La competencia, el mercado, en pocas palabras el Capitalismo haría que automáticamente la educación en México mejorara. Y, Esto es lo que queremos ¿O no?

¿Qué haría Elba Esther y su SNTE, y el otro más “aguerrido” en CNTE, y creo ya crearon uno más, si las escuelas públicas empiezan a vaciarse? ¿Cómo van a justificar sus prebendas y canonjías? ¿Se irán a hacer plantones contra las escuelas de paga, sus competidores ahora sí efectivos? ¿Pedirán quitar la medida para seguir ejerciendo su monopolio funesto? Y, ¿Qué hará el gobierno? Sería muy interesante verlos actuar en un ambiente competitivo.

Resumiendo, veo la medida como muy buena, ¡vaya una de cal por que van (IETU, IVA 16%, incremento al ISR) de arena. Es limitada, a no todos ayuda, tiene el claro propósito de forzar a la formalidad a los padres y escuelas, pero también podría ser el acicate sí capitalista, la competencia, que ayude a elevar el nivel educativo, tan deplorable en este país.

Tomo la medida con cautela y en su exacta dimensión como un primer paso para mejorar la educación.

Veremos,

lunes, febrero 14, 2011

El Sistema Tributario, Moral y Economía 2

Vayamos ahora con los impuestos directos. Los impuestos directos se diferencian de los indirectos no sólo en la forma de recaudación, sino asimismo en el hecho más importante de que no pueden trasladarse: quienes los pagan no pueden reclamar su reembolso a otros. La incidencia de los impuestos directos recae principalmente en rentas, acumulaciones y propiedades, en lugar de en bienes en el proceso de intercambio. Se nos grava por lo que tenemos, no por lo que compramos, en las ganancias empresariales o los pagos por servicios ya prestados, no los ingresos anticipados. Así que no hay manera de trasladar la carga. El pagador no tiene alternativa.

En México han inventado un nuevo impuesto directo: El IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única), ideado para que las empresas que no tienen utilidades fiscales de todas formas paguen sobre su flujo de efectivo, ¿Podría concebirse algo más perverso? Salvo unas pocas deducciones, el IETU golpea sobre los flujos de efectivo sin importar los costos, es decir no grava utilidades. Así, el Estado no se apropia de la renta, ni siquiera de lo que tenemos, se apropia del dinero operativo de la empresa, sin recato alguno. Así, empresas con problemas financieros, de todas formas tienen que pagar y agravar esos problemas, el Estado no tiene consideración alguna, pagas o pagas.

¡Qué Paguen los Ricos!

Los claros impuestos directos son los que se recaudan en rentas, herencias, donaciones, valor del inmueble. Todas estas apropiaciones por parte del Estado se prestan a la propaganda de que paguen los ricos, de la “terrible desigualdad”, y se apoyan en la envidia de los incompetentes, la amargura de la pobreza, la sensación de injusticia que engendra nuestra economía monopolística. Se ha defendido la fiscalidad directa desde los tiempos coloniales (junto con el sufragio universal), como una implantación necesaria para la democracia, como el instrumento esencial de “nivelación” de esa desigualdad. La oposición de los ricos a los impuestos directos añadió virulencia a los reformistas que defendían éstos. En tiempos normales, el Estado es incapaz de superar esta oposición bien trenzada, organizada y plena de recursos. Pero cuando la necesidad de mejorar la pobreza masiva, la garantía de los “derechos sociales” o necesidades coyunturales como las guerras, exprimen la bolsa del Estado hasta su límite y nuevos impuestos indirectos se hacen imposibles o amenazan la paz social, la oposición debe ceder. El Estado nunca renuncia completamente a las prerrogativas que adquiere durante una “emergencia”; en nuestros países Latinoamericanos, siempre estamos en “emergencia”, siempre hay pobres; y así, después de una serie de guerras, recesiones y depresiones, los impuestos directos se convirtieron en parte integrante de nuestra política fiscal y aquéllos en quienes recaen deben contentarse con recortar los más que sea posible los gravámenes a pagar, o tratar, como en el caso de las empresas trasladar en lo posible a los precios de sus bienes o servicios, siempre y cuando claro, no exista competencia externa que anule esta posibilidad.


No Sólo los Ricos

Como era obvio preverse, la etiqueta de que paguen los ricos y sólo los ricos resultó ser un término malévolamente equivocado. Era imposible que el Estado se contuviera una vez que este instrumento de obtener ingresos adicionales estuviera en sus manos. Una renta es una renta, venga de dividendos, operaciones del mercado negro, ganancias del juego o simples salarios. A medida que aumentan los gastos del Estado, lo que por supuesto, siempre ocurre, el gasto Estatal no tiene límite, siempre se expandirá; las inhibiciones legales y consideraciones de justicia o compasión se dejan de lado y el Estado mete la mano a todos los bolsillos. Así, el poder político ha inventado nuevos impuestos: Reclama que el empresario deduzca una cantidad del sobre de la paga, no sólo como retención del impuesto sobre la renta al trabajador sobre el salario, sino aún más mediante los llamados impuestos de seguridad social, que incluyen el obligatorio seguro médico, el obligatorio aportación para la vivienda y el también obligatorio aporte a los fondos de retiro que, por supuesto, cobran comisión. Por cierto que éstos demuestran la completa inmoralidad del poder político. Los impuestos de seguridad social no son sino impuestos a los salarios en toda su extensión y se les dio un nombre equívoco deliberada y maliciosamente. Incluso la parte que “paga” el empresario acaba siendo abonada por el trabajador en el precio de los bienes que consume, pues es evidente que esta parte es un mero coste de operación y se repercute con un recargo. La recaudación de los impuestos de la seguridad social no se deja aparte para pagar “beneficios” sociales, sino que se incluye en el fondo fiscal general, sujeto a cualquier apropiación, y cuando se acaba autorizando una miseria para la pensión de un anciano, se paga con la recaudación fiscal actual. No es comparable en modo alguno con un seguro, es una ficción que se ha abierto paso en nuestra política fiscal, sino que es un impuesto directo a los salarios.

Hay más gente en los tramos de bajos ingresos que los altos; hay más legados pequeños que grandes. Por tanto, en el total, aquéllos que son menos capaces de soportar las cargas de que paguen los ricos, son los que las sufren, los que en más premura económica quedan. El intento de ocultar esta desigualdad por un sistema de impuestos progresivos acordes a los ingresos, no es real. Incluso un pequeño impuesto a una renta de treinta mil pesos anuales causará al pagador dificultades y carencias importantes, mientras que un impuesto del 35% sobre quinientos mil pesos, deja suficiente para vivir confortablemente. Hay una enorme diferencia entre arreglárselas sin un nuevo automóvil a seguir usando unos pantalones con remiendos, zapatos con suelas renovadas, o privarse de comer carne. También debería recordarse que el ingreso del trabajador casi siempre está limitado a los salarios, que son fáciles de registrar, son lo que malévolamente se llama “causantes cautivos”, por que sí, no tienen ni como defenderse del expolio; mientras que por otra parte las grandes rentas derivan principalmente de negocios u operaciones de juego y no son tan fáciles de percibir; ya sea por intentar pagar todo el impuesto o por las necesarias ambigüedades que hacen que la cantidad exacta sea asunto de conjeturas en la contabilidad, quienes tengan grandes rentas se ven favorecidos, son además los que tienen los recursos para pagar a expertos contadores y abogados fiscalistas para que su cuenta sea la mínima posible dentro de lo legal. Son los pobres los que pagan más por los impuestos, no tienen ni como defenderse, esto es una verdad incuestionable por los impuestos que supuestamente deberían de pagar los ricos. ¡Qué paguen los ricos!, eso no sucede, en la práctica es ¡Qué paguen los pobres!

Desaliento

Los impuestos de todo tipo desalientan la producción. El hombre trabaja para satisfacer sus deseos y necesidades, no para financiar al Estado. Cuando se le quitan los resultados de sus trabajos, sea por bandidos o por la sociedad organizada, su inclinación es limitar su producción a la cantidad que puede quedarse y disfrutar. Es común rechazar otro compromiso lucrativo porque el ingreso adicional llevaría a su renta anual a un tramo impositivo más alto, y/o a la obligatoriedad de presentar declaraciones por tener dos trabajos, yo mismo he dado clases en la universidad por las consecuencias fiscales que tendría sin cobrar. De forma parecida, todo empresario debe tener en consideración, cuando sopesa el riesgo y la posibilidad de ganancia en una nueva empresa, la certidumbre de una compensación en impuestos en caso de éxito, y el tamaño de las acumulaciones de capital abortadas por los impuestos.

¿Por qué trabajar si no se gana nada? ¿Por qué abrir un negocio para sostener a los políticos?

En principio, el impuesto directo es el peor, pues niega directamente el derecho a la propiedad privada, niega el derecho de todo hombre a disfrutar de su trabajo, de su esfuerzo. Por su mismo sigilo, el impuesto indirecto es un reconocimiento ambiguo del derecho del individuo a sus ganancias: El Estado se acerca sigilosamente al propietario, por decirlo así, y se lleva lo que necesita alegando dicha necesidad, pero no tiene la temeridad, ni pudor, ni moral, de cuestionar el derecho del propietario a sus bienes. Sin embargo en el impuesto directo proclama rotunda y descaradamente el derecho prioritario del Estado sobre todas las propiedades. La propiedad privada se convierte en una concesión temporal y revocable, para México, esto es clarísimo y así está redactado en la Constitución que en el artículo 27 se escribe el “corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares”. El ideal jeffersoniano de derechos inalienables, el derecho a la vida arriba de todos, y como consecuencia lo que se hace con la vida que es la propiedad, se ve liquidado y sustituido por el concepto marxista de la supremacía del estado sobre el individuo, sobre la vida misma. Es mediante la política fiscal, más que mediante la revolución violenta o la apelación a la razón o la educación popular o cualquier fuerza histórica ineluctable, mediante la que se lleva a cabo lo sustancial del socialismo. Advirtamos cómo se ha logrado la centralización la “rectoría del Estado” a partir de la implantación del impuesto federal sobre la renta, cómo se ha disuelto en la práctica la unión de comunidades independientes. Las comunidades se han reducido al estado de distritos, el individuo ya no es un ciudadano de su comunidad, sino un sirviente, un siervo del gobierno federal, de los modernos señores feudales: los políticos.

Una inmoralidad básica se convierte en el centro de un vórtice de inmoralidades. Cuando el Estado invade el derecho del individuo al producto de su trabajo se apropia de una autoridad contraria a la naturaleza de las cosas y por tanto establece un modelo no ético de comportamiento, tanto para él como para aquéllos contra los que ejercita su autoridad. Así que el impuesto sobre la renta ha hecho al Estado cómplice de lo obtenido del crimen; la ley no puede distinguir entre rentas derivadas de la producción y rentas derivadas del robo; no le preocupa su origen. Igualmente esta negación de la propiedad genera un resentimiento que se convierte en perjurio y falta de honradez. Hombres que en sus asuntos personales difícilmente recurrirían a esos métodos, o que se verían en el ostracismo social por practicarlos, se enorgullecen y les felicitan al evadir las leyes del impuesto de la renta: se considera adecuado emplear las mentes más hábiles para esto. Aun más degradante es animar al espionaje mutuo mediante sobornos. Ninguna otra medida en la historia ha causado una indiferencia de principios comparable en los asuntos públicos o ha tenido un efecto tan deteriorante en la moralidad.

Para abrirse paso a la buena voluntad de sus víctimas, los impuestos se han rodeado de doctrinas de justificación. Ninguna ley que no tenga la aprobación o aquiescencia pública puede implantarse y para obtener ese apoyo debe dirigirse a nuestro sentido de la rectitud. Esto es particularmente necesario para normas que autoricen a llevarse la propiedad privada, esto es, robar.

Hasta hace poco, los impuestos se defendían por la necesidad de mantener las funciones necesarias del gobierno, llamadas generalmente “servicios sociales” (derechos a la educación, vivienda, pensión, trabajo). Pero, al ser parte de la naturaleza del poder político que no puede restringirse el área de su actividad, su expansión se produce en proporción a la falta de resistencia que encuentra. La resistencia al ejercicio de este poder refleja un espíritu de confianza en sí mismo, que a su vez depende de un sentimiento de seguridad económica.

Cuando falla una economía en general, la inclinación de la gente, desconcertada por no entender sus causas básicas, es dirigirse a cualquier curandero que prometa alivio, cualquiera que inflame su imaginación de que las cosas pueden mejorar con “magias”, cualquier Obama, Hugo Chávez, López Obrador. El político sirve con gusto para esto: sus honorarios son el poder, implantado con dinero. Ocultas a la opinión pública están las acciones del poder político como el fondo, la razón explicable, del mal económico, como también lo son los privilegios de monopolio, del mercantilismo, y los propios impuestos. Por tanto la promesa de alivio es suficiente por sí misma y se produce el acuerdo, se producen los votos de los “demos”(pueblo). Así ha resultado que el área del poder político ha invadido cada vez más actividades sociales y con cada expansión se añade otra justificación para los impuestos adicionales. La actual filosofía tiende hacia la identificación de la política con la sociedad, la erradicación del individuo como unidad esencial y por tanto la eliminación del concepto de propiedad privada. Ahora los impuestos se justifican no por la necesidad de ingresar para gestionar los servicios sociales específicos, sino como un medio necesario para supuesto e inespecífico mejoramiento social.

lunes, febrero 07, 2011

El Sistema Tributario, Moral y Economía

El tema fiscal, es un tema que atañe a todos, aún a los que supuestamente no pagan impuestos, cobra relevancia ya que afecta no sólo nuestros bolsillos, también la forma que tenemos de hacer negocios pero sobre todo, afecta las posibilidades de crecimiento del país.

Acabo de leer un magnífico libro cuyo título es “The Income Tax: Root of all Evil” (El Impuesto sobre la Renta: Raíz de Todo Mal” de Frank Chodorov, por cierto difícil de conseguir, y del que tomo algunas ideas para escribir aquí una serie de post sobre este tema, son limitarme a el impuesto sobre la renta, es decir considerando otro tipo de impuestos como los indirectos IVA, IEPES, etc.


La Cuestión Moral

La Enciclopedia Británica define el sistema tributario como “la parte de los ingresos de un estado que se obtiene por cuotas y cargas obligatorias a sus sujetos”. Es casi tan adecuada y concisa como puede ser una definición: no deja espacio para discutir qué es un sistema tributario. En esa exposición de los hechos, domina la palabra “obligatorias”, sencillamente por su contenido ético. La reacción inmediata es preguntarse el “derecho” del Estado a este uso del poder. ¿Qué permiso, en términos morales, aduce el Estado para apoderarse de propiedades?

En esta cuestión de la moralidad hay dos posiciones antagónicas que nunca pueden reconciliarse. Por una parte están aquéllos que sostienen que las instituciones políticas provienen de la “naturaleza del hombre”, de su propensión a vivir en sociedad, disfrutando así de una divinidad indirecta, también se tiene aquéllos que consideran al Estado como la piedra angular de la integración social, para éstos, no encuentran ningún problema en el sistema tributario per se: la toma de propiedades por el Estado se justifica por su existencia o sus resultados supuestamente benéficos. Por el contrario, quienes sostienen la primacía del individuo, cuya misma existencia es su justificación de derechos inalienables, se inclina por la postura de que en la obtención obligada de cuotas y cargas el Estado está meramente ejerciendo su poder, sin consideraciones morales.

Mi postura, y lo que aquí escribo parte de esta última visión y es, por supuesto tan parcial como la postura opuesta igualmente no probada de que el Estado es una institución natural o socialmente necesaria. La objetividad completa desaparece cuando un postulado ético es la premisa mayor de un argumento, y una discusión sobre la naturaleza del sistema tributario no puede excluir los valores.

Si asumimos que el individuo tiene un indiscutible derecho a la vida, y que este derecho a la vida está por encima de cualquier otro valor; debemos conceder que tiene un derecho similar a disfrutar del fruto de su trabajo, todo el fruto de su trabajo, no sólo lo que el Estado le permita. A esto lo llamamos propiedad. El derecho absoluto de propiedad deriva del derecho original a la vida porque no tiene sentido el uno sin el otro: los medios de vida deben identificarse con la vida misma. Si el Estado tiene un derecho prioritario a los frutos de nuestro trabajo, y enfatizo, tiene más derecho a los frutos de nuestro trabajo que nosotros mismos, tiene más derecho a la propiedad que el propio individuo ya que puede utilizar la coerción y compulsión para acceder a su propiedad y quitársela. Si esto es así, el derecho a la existencia del Estado está en entredicho, moralmente es muy cuestionable. Aparte del hecho de que no puede establecerse dicho derecho prioritario, excepto declarando al Estado como autor de todos los derechos, nuestras inclinaciones (como demuestran nuestros esfuerzos por evitar pagar impuestos) son rechazar este concepto de prioridad. Nuestro instinto está en contra. Protestamos ante la apropiación de nuestra propiedad por una sociedad organizada igual que lo hacemos si una sola unidad de la sociedad realiza este acto. En el último caso, calificaremos sin dudar al acto como un robo, un malum per se. No es la ley la que en primera instancia define el robo, es un principio ético que la ley puede violar, pero no suplantar. Si por necesidades de la vida consentimos la fuerza de la ley, si por una larga costumbre perdemos de vista su inmoralidad, ¿se ha eliminado el principio? Un robo es un robo y ninguna cantidad de palabras puede hacer de él algo distinto.

Observemos los resultados del sistema tributario, los síntomas, para ver si se viola el principio de la propiedad privada y cómo. Para mayor evidencia, examinemos su técnica y tal y como sospechamos la intención de robar a partir de la posesión de herramientas eficaces, igualmente las encontraremos en la técnica del sistema tributario, una historia reveladora. La carga de esta crítica intransigente al sistema tributario será, por tanto, probar su inmoralidad por sus consecuencias y sus métodos.

A modo de introducción, podríamos fijarnos en el origen del sistema tributario, bajo la teoría de que los inicios determinan los finales y aquí encontramos un montón de injusticias. El estudio histórico de la fiscalidad lleva inevitablemente a botines, tributos, rescates, esto es, los propósitos económicos de las conquistas. Ya sean los romanos, los aztecas, los ingleses, los españoles, el tributo exigido a los pueblos sometidos era la razón de ser de la conquista.

Todo eso pasó, salvo que tengamos la temeridad de comparar esta antigua palabrería con reparaciones, extraterritorialidad, cargas para mantener ejércitos de ocupación, huidas con propiedades, toma de recursos naturales, control de vías de comercio y otras técnicas de conquista. Puede argüirse que aunque el sistema fiscal tuviera un principio tan desagradable podría haber rectificado y convertirse en algo ciudadano, decente y útil. Así que debemos aplicarnos a la teoría y práctica de la fiscalidad para probar que en realidad es el tipo de cosa arriba descrita.

Los Impuestos Indirectos

Primero, respecto de método de recaudación, los impuestos se dividen en dos categorías: directos e indirectos. Los impuestos indirectos se llaman así porque llegan al estado a través de recaudadores privados, mientras que los directos llegan sin intermediarios. Los primeros se asocian a bienes y servicios que paga el consumidor, como el IVA, los impuestos especiales como los de las gasolinas, cerveza, licores, tabaco y que se denomina en México IEPS. Los segundos, los directos, son principalmente demandas ante la acumulación de riqueza y la propiedad.

Empecemos con los impuestos indirectos que son ni más ni menos que el precio por un permiso para vivir. No se puede encontrar en el mercado una sola satisfacción a la que no estén asociados varios de estos impuestos, aunque se diga y se rediga que los alimentos y medicinas no tienen en México impuestos, esto es una mentira, alimentos y medicinas tienen que cosecharse, fabricarse, transportarse, distribuirse, etc., etc. hasta que llegan al consumidor final. Ocultos en el precio, nos vemos en la obligación de pagarlos o irnos sin ellos: Como irnos equivale a privarse del sentido de la vida o incluso de la propia vida, pagamos. La inevitabilidad de la existencia de esta carga se expresa en la asociación popular de que dos cosas son seguras en la vida de un hombre: la muerte y los impuestos. Y es esta característica la que atribuye los impuestos indirectos al estado, de forma que cuando examinamos los precios de los productos básicos nos asombramos de la desproporción entre el coste de producción y la carga para permitir su compra. Alguien ha estimado el número de impuestos que lleva un kilogramo de tortillas en más de veinte: obviamente algunos no le son atribuibles, porque sería imposible definir en cada tortilla su parte de impuestos sobre la escoba usada en la tortillería, el gas utilizado para cocinarla, el agua que se requiere en el proceso, o la gasolina utilizada por el camión que trae la masa, o de reparto. La cerveza es probablemente el ejemplo más notorio de la forma en que los productos se han convertido de satisfacciones en objetos de impuestos. El coste de fabricación de la cerveza es una pequeñísima fracción, no es ni un 10% de lo que el consumidor paga finalmente: el resto corresponde parcialmente a los costes de distribución, y comercialización pero la mayoría del dinero, esto es, el mayor coste que paga el consumidor va a mantener a los funcionarios de la ciudad, el condado, el estado y la nación. Va a mantener a los políticos, va a mantener a la burocracia.

No obstante esto, cuando se habla o escribe en los medios sobre el alto coste de la vida, de la merma que la gente tiene en su poder adquisitivo nunca se considera el principal componente del costo de producir todo: Los impuestos.

Debería también advertirse que aunque el problema del coste de la vida afecta principalmente a los pobres, es además en este segmento de la sociedad donde inciden más duramente los impuestos indirectos. Por más que el ex presidente Fox afirmara cuando promovía su “Reforma Fiscal”, que gravar con IVA alimentos y medicinas “Se los iba a regresar copeteada”, son los pobres los más dañados por estos impuestos. Es necesariamente así, es perversamente así, porque quienes están en los estratos de menos ingresos constituye la mayor porción de la sociedad que debe contar con la mayor parte del consumo y por tanto con la mayor parte de los impuestos. El estado reconoce este hecho al gravar bienes de uso más extendido. Un impuesto sobre alimentos, como se propone con la “Reforma Fiscal”, no importa lo pequeño que sea, comparativamente, recauda mucho más que un impuesto sobre los autos de lujo y es de mayor significación social y económica.

No es el volumen de la recaudación, ni la certidumbre de su cobro lo que da preeminencia a los impuestos indirectos en el esquema de apropiación del Estado. Su cualidad más recomendable es que son subrepticios. Es como si decir que toma mientras la víctima no mira. Quienes se esfuerzan por dar a los impuestos un carácter moral están en la obligación de explicar la preocupación por parte del Estado por esconder los impuestos en el precio de los bienes. ¿Hay en ello una confesión de culpabilidad? El IVA que es finalmente un impuesto a las ventas, y los otros impuestos indirectos son un precio por el permiso a vivir directo e inequívoco.

Simplemente por razón del método, no deliberadamente, la tasación indirecta genera un beneficio a los recaudadores privados y por esta razón difícilmente puede esperarse una oposición a los pagos por parte de los fabricantes o mercaderes. Cuando el impuesto se paga antes de la venta se convierte en un elemento de coste que debe añadirse a todos los demás costes al calcular el precio, por más que se diga que el IVA no es un impuesto en cascada. Como el beneficio esperado es un porcentaje del total, se aprecia que el propio impuesto se convierte en una fuente de ingresos, al menos por unos días en que se tiene que declarar al fisco lo recaudado, días suficientes para invertir, y ganar algo. Cuando la mercancía debe pasar por las manos de varios procesadores y distribuidores, los beneficios acumulados por el impuesto pueden ser tan altos como la cantidad recaudada por el Estado, o incluso mayores. El consumidor paga el impuesto más los beneficios compuestos. En este aspecto son particularmente notorios los pagos por aranceles aduaneros. Si seguimos la importación de cualquier producto no terminado, por ejemplo, lana de borrego, del importador al limpiador, el hilador, el tejedor, el acabador, el fabricante, el mayorista, el vendedor, cada uno añadiendo su parte al precio pagado por su predecesor, vemos que en el precio que pagamos por nuestro traje o vestido es mucho mayor más de lo que requiere el plan arancelario. Sólo este hecho ayuda a hacer a los mercaderes y fabricantes indiferentes al los males del proteccionismo.

El apoyo tácito a los impuestos indirectos deriva de otro subproducto. Cuando un desembolso considerable en impuestos es un prerrequisito para iniciar un negocio, las grandes acumulaciones de capital tienen una evidente ventaja competitiva y difícilmente podríamos esperar de estos capitalistas que defiendan una rebaja en los impuestos. Cualquier granjero puede fabricar cerveza, mezcal o tequila y muchos lo hacen, pero la inversión necesaria en timbres fiscales y distintas tasas de licencia hacen que apertura de una destilería y la organización de agencias de distribución sea un negocio sólo para grandes capitales. Los impuestos han obligado a las agradables cantinas de propiedad individual a dar paso al bar de lujo bajo hipoteca a la cervecera o la destilería. Análogamente, la fabricación de cigarrillos, o de puros (cigarros) se ha concentrado en las manos de unas pocas corporaciones gigantescas con la ayuda de nuestro sistema fiscal: Más de tres cuartas partes del precio de venta de un paquete de cigarrillos son una recarga por impuestos. Realmente sería extraños que esos intereses fueran a oponerse a los impuestos indirectos (lo que nunca harán), así que el consumidor desinformado, sin voz y desorganizado se ve forzado a pagar el precio superior generado por la competencia limitada.

Si bien todos los impuestos son motivo de desaliento a la producción, y sobre todo, para la gente pobre, al obligarlos a pagar todo a un mayor precio, los impuestos indirectos lo son en el mayor grado aunque esto no sea tan obvio. El nivel de producción de una nación viene determinado por el poder de compra de sus ciudadanos y en la medida en que este poder viene minado por los gravámenes, el nivel de la producción se reduce proporcionalmente. Es un silogismo estúpido y perfectamente indecente mantener que lo que recauda el Estado lo gasta y que por tanto no hay rebaja en el poder total de compra. Los ladrones también gastan su botín con mucha más generosidad que los verdaderos propietarios y basándose en el gasto podríamos hacer una defensa del valor social del robo. Es la producción, no el gasto, lo que engendra producción. Sólo mediante la aportación de contribuciones comercializables, voluntarias, que satisfacen los deseos y necesidades de la gente se suman al fondo general de riqueza de un país y con él se aceleran los engranajes de la industria, del comercio, la generación de empleos y el mejoramiento material de todos los ciudadanos. Por el contrario, toda deducción de este fondo general de riqueza ralentiza la industria, el comercio, los servicios, y todo gravamen a los ahorros desanima la acumulación de capital. Y eso, la acumulación de capital es lo que distingue a los países ricos de los países pobres. La acumulación de capital es lo que permite crear nuevos negocios o expandir y/o modernizar los existentes y aumentar la productividad y competitividad del país. El robo que implica los impuestos indirectos no nos hace mejores, nos hace más pobres y obliga a perpetuar el estado de pobreza de nuestros países. Por más que el Estado quiera hacernos creer que es por nuestro bien.