No, el único
culpable, que quede claro, pero sí es culpable.
¿Han oído hablar
alguna vez de la teoría de las ventanas rotas? Es una teoría sobre el contagio
de las conductas inmorales o delincuenciales. Tiene su origen en un experimento
que llevó a cabo un psicólogo de la Universidad de Stanford, Philip Zimbardo,
en 1969. Abandonó un coche en las descuidadas calles del Bronx de Nueva York,
con las placas de matrícula arrancadas y las puertas abiertas. Su objetivo era
ver qué ocurría.
Y ocurrió algo. A
los 10 minutos, empezaron a robar sus componentes. A los tres días no quedaba
nada de valor. Luego empezaron a destrozarlo.
El experimento
tenía una segunda parte: abandonó otro coche, en parecidas condiciones, en un
barrio rico de Palo Alto, California. No pasó nada. Durante una semana, el
coche siguió intacto. Entonces, Zimbardo dio un paso más, y machacó algunas
partes de la carrocería con un martillo. Debió de ser la señal que los honrados
ciudadanos de Palo Alto esperaban, porque al cabo de pocas horas el coche
estaba tan destrozado como el del Bronx.
Este experimento
es el que dio lugar a la teoría de las ventanas rotas, elaborada por James
Wilson y George Kelling: si en un edificio aparece una ventana rota, y no se
arregla pronto, inmediatamente el resto de ventanas acaban siendo destrozadas
por los vándalos. ¿Por qué? La ventana
rota envía un mensaje: aquí no hay nadie que cuide de esto.
Los alumnos de la
escuela Normal Isidro Burgos en Ayotzinapa Guerrero tienen un récord de años y
años de comportamiento delincuencial.
En primer lugar
el robo de autobuses. Para los “alumnos” de Ayotzinapa es y era antes de los
acontecimientos que llevaron a la desaparición de “alumnos”, algo común, esto
es desde luego un delito, una ventana rota, que el Estado permisivamente dejaba
que secuestraran a placer, operador incluido. Muchas veces los retenían por
semanas en la normal, para cuando se les ofreciera a los “estudiantes”, ir a
hacer su activismo. Decenas, quizá cientos de autobuses han sido robados por
los de Ayotzinapa y por otros “estudiantes”, y no obstante que infringen daño
económico a sus propietarios, y daño moral a sus operadores que mantienen
recluidos, secuestrados, contra su voluntad, el estado, nunca hizo ni hace nada
para enviar a la cárcel a los responsables delincuentes.
Los jóvenes que
desaparecieron, se dirigieron hacia Iguala en autobuses que habían secuestrado,
supuestamente a recaudar fondos y a tomar más autobuses para una protesta que
iba a realizarse en octubre en la Ciudad de México.
¿Y el asesinato
de Gonzalo Rivas, quemado vivo por los normalistas de Ayotzinapa que
incendiaron la gasolinera donde trabajaba? Los normalistas rociaron una bomba
despachadora con gasolina y le prendieron fuego, eso, es delincuencia. Estuvo
muy mal que los policías les dispararon y mataron a dos, lo que sirvió para que
se olvidara el delito original, incendiar y hacer estallar la gasolinera, y la
muerte del despachador que intentó cerrar las válvulas. Nadie fue a la cárcel
por esto. Otra ventana rota.
Es claro, que la
desaparición fue un asunto del crimen organizado y de la disputa entre dos
bandas criminales: La de “Los Rojos”, que fundamentalmente están en las
inmediaciones de Chilpancingo, y Tixtla, en donde está Ayotzinapa, y “Guerreros
Unidos”, ¿En dónde está la responsabilidad del estado aquí? En permitir que
personajes ligados con las bandas criminales llegaran a puestos de elección, y
más adelante fueran gobernadores o alcaldes.
Andrés Manuel
López Obrador, en aquel entonces en el PRD, fue alertado por el diputado local Óscar Díaz Bello, de la relación que Abarca y, sobre todo su esposa estaban íntimamente ligados al crimen organizado, en específico a Guerreros Unidos.
Hoy el personaje
de marras intenta sacar ganancia política de la desaparición de los
“estudiantes”, de Ayotzinapa que ha convertido en mártires.
Tampoco el estado
ha investigado los nexos del rector de Ayotzinapa con los Rojos, y que él fue
el que dio la orden de ir a Iguala tal y como nos lo relata Raymundo Riva
Palacio en “Ayotzinapa Penetrada por los Rojos”.
A finales del año
pasado, el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, tuvo un
encuentro bastante ríspido con los familiares de los normalistas de Ayotzinapa
desaparecidos en septiembre. Rubido, un hombre imperturbable que nunca pierde
las buenas maneras, explotó. Sus hijos, les dijo el comisionado de acuerdo con
personas que conocen detalles de ese encuentro, no eran blancas palomas, y
ustedes lo saben.
También como
escribe Riva Palacio “La existencia de una célula criminal dentro de la Normal
de Ayotzinapa es tabú. Cuando en este espacio se publicaron extractos de
declaraciones de uno de los jefes de Guerreros Unidos en ese sentido en
noviembre, los insultos de activistas vinculados a organizaciones en Guerrero
fueron tan desproporcionados como reduccionistas. O quizá sirvieron para tender
cortinas de humo sobre algunas de las dinámicas más oscuras en Ayotzinapa.”
En conclusión, sí
el Estado Mexicano es corresponsable de la desaparición y probable muerte de
los normalistas hoy “mártires” de Ayotzinapa, pero no por las razones que nos
quieren hacer creer: Es culpable por ser incapaz de ejercer el Estado de
Derecho, es culpable, por solapar el secuestro de autobuses, la destrucción de
comercios, e incluso de oficinas gubernamentales a manos de los vándalos
normalistas, y no sólo de Ayotzinapa, en Michoacán y Oaxaca también se repiten
los actos vandálicos. Es culpable porque rota la primera ventana, no la reparó,
sino que ha permitido que se sigan rompiendo ventanas y que hasta se prenda
fuego en el interior del edificio. Es culpable porque permitió y permite que el
crimen organizado se infiltre en sus instituciones. Es culpable porque sigue
solapando y permitiendo actos delincuenciales por los normalistas y sus
cómplices de la CETEG.
Es culpable
porque no es capaz de cumplir su función primordial: Respetar y hacer respetar
el Estado de Derecho.