Las Empresas del Estado

“…no quiero prohibir al gobierno que haga nada, excepto impedir que los demás hagan algo que podrían hacer mejor que él”.
Friedrich A. Hayek
“La desnacionalización del dinero”

No, no voy a escribir en específico sobre el desastre que son las empresas del Estado; no importa que tipo de servicio o bien proporcionen, pueden ser de energía eléctrica, puede ser los combustibles fósiles que en realidad es la gran ubre de la burocracias, puede ser la educación “gratuita” (nada hay gratuito), pueden ser los sistemas de salud, y tampoco importa mucho que sean mexicanas, las empresas del Estado, en cualquier parte del mundo guardan características comunes, y éstas en breve son : Los servicios o bien proporcionados son caros, son de pésima calidad, y siempre su gestión esta dirigida para beneficiar a unos cuántos que dependen directa o indirectamente de ellas: Sus sindicatos, los burócratas de “confianza” y, por supuesto, los políticos que a través de ellas se sirven para satisfacer las demandas de grupos organizados, no de la sociedad, enfatizo, para crear el desorden, el caos.

El socialismo real, el que implantaron diseñadores de utopías, siempre irreales, tanto en objetivos como en procedimientos, en la extinta Unión Soviética terminó precisamente por la inviabilidad de las empresas estatales, sin embargo, y no obstante la lección de Economía Aplicada que dio su derrumbe en México y en muchos otros países, siguen erosionando sus respectivas economías. Lo asombroso, es que en México aún se defiendan, la bandera de la izquierda es evitar la “privatización” (que no es cierto) de PEMEX, y parece ser que hay un consenso entre la población de evitar que se privatice como si el engendro ese (que no empresa, no tiene estructura de empresa) fuera tan eficiente y fuera un modelo de pulcritud empresarial. Tal ha sido el aleccionamiento o mejor dicho lavado de cerebro, al más puro estilo de la Unión Soviética de nosotros mismos, de nuestros jóvenes, “La Expropiación Petrolera” se nos expone como el gran hito en la historia de México, se nos enseña y esto nos impide por que cae muy profundo en el psique que se aprende de niño, cuando no se tienen facultades para juzgar si ésta ha sido para bien o para mal de nuestro país.

Baja productividad, calidad de sus servicios e ineficiencia

Para las empresas del Estado poco o nada importa ser productivas, esto es, utilizar los menores recursos para alcanzar sus fines, por el contrario, son por definición ineficientes, a una empresa Estatal poco le importan sus estados contables, sus balances, sus costos, su razón de ser es satisfacer a el Estado y a los políticos que lo controlan, y el Estado es un aparato de fuerza, de coerción y represión que no ha de dar cuenta alguna por sus actos siempre y cuando justifique tales actos como herramienta para el bien común, por supuesto definido por él y que en realidad no es el fin, sino que se ha convertido en el medio o herramienta para conseguir otros propósitos muy diferentes. Y es que el estado no sirve al ciudadano o a la mayoría, sólo vela por los grupos de presión y por él mismo. Así, por ejemplo en el supuesto “debate” de PEMEX, los objetivos no son el bien de México o hacer a la empresa más eficiente, no, por supuesto que no, los políticos en realidad lo que quieren es mantener el control de la ubre, y toda la retórica de “soberanía”, “constitucionalidad”, no son más que bolas de humo para desviar la atención a sus reales objetivos.

Si una empresa privada funcionara con estos criterios no tardaría mucho en cerrar, pero la empresa del Estado, goza de una fuente de recursos ilimitada que le otorga la fuerza y consentimiento general del que, por otra parte, no goza la empresa privada. Un claro ejemplo, es falta de transparencia. A la empresa privada se le han impuesto leyes para que sea más transparente, para que sea dictaminada, y cuando esta no cumple tales leyes es castigada además de que los socios capitalistas son la mayor presión para que se administre con eficiencia y probidad. La empresas estatal por el contrario, no tiene transparencia alguna; sus cuentas son oscuras y difíciles de conseguir y sus contabilidades sumamente “creativas” por no escribir tramposas.

Evidentemente las empresas privadas también intentan salir bien en la foto de sus balances. Pero una empresa puramente privada no vive de sus cuentas, sino de la voluntad del consumidor y de los socios capitalistas. La empresa privada puede hacer toda la contabilidad creativa que quiera, pero cuando el consumidor o el capitalista dejan de confiar en ella, la empresa cerrará dando paso a aquellas otras empresas que sepan escuchar mucho mejor a su demanda. Las empresas del estado, por el contrario, no tienen ningún compromiso con el consumidor directo, es más no les importa en lo más mínimo, ni con el capitalista que en realidad si existen y que somos los que pagamos impuestos, pero que a diferencia de la empresa privada en que el capitalista tiene voz y voto en la administración, los contribuyentes no tenemos ninguna de las dos, sólo poner más dinero para cubrir los quebrantos de su pésima gestión. Dicho de otra forma, lo que es la base esencial de de toda empresa privada —la atención al cliente, y la gestión del capital como fuente escasa de recursos— en el caso del estado desaparece para ser substituida por la elevada visión del burócrata, o consejo de burócratas.

Cuando una empresa pública acumula continuas pérdidas porqué ha perdido la preferencia del consumidor, o por su pésima administración, ésta no cierra, no pasa absolutamente nada, tan sólo es menester incrementar su partida presupuestaria para ayudarla y/o que el Estado absorba las pérdidas y las transfiera a deuda pública, y con esto se drena, se tira, el dinero a los particulares y empresas privadas por que de ahí salió si no ¿de donde?

Por supuesto, los sindicatos de las empresas del Estado perciben muy bien este mecanismo, saben perfectamente que el dinero que mantiene funcionando a la empresa no proviene del todo del funcionamiento de ésta sino más bien del presupuesto de la Federación, que por supuesto perciben infinito, por tanto durante las revisiones de sus contratos colectivos se despachan con la cuchara grande, saben que su fuente de trabajo nunca estará en riesgo, no mientras existan contribuyentes a los que pueda robárseles su dinero para cubrir los desfalcos incurridos.

Pactos contractuales y capital escaso

Esto nos lleva a otro punto: El financiamiento. El empresario privado tiene dos claros objetivos: conseguir satisfacer en lo máximo posible al cliente (consumidor) y tener contento al accionista ( socios capitalistas). Todos los acuerdos que toma el empresario con estos dos son contractuales. El empresario nunca aplicará la fuerza o el chantaje para que el consumidor sólo le compre a él, tampoco amenazará a sus accionistas o a sus acreedores con encerrarlos en prisión o dañarles físicamente si se niegan a financiarle, sino que por el contrario el empresario, para conseguir ese preciado capital escaso ha de gratificar al acreedor con intereses, y al accionista con dividendos, ampliaciones de capital liberadas, revalorizando sus acciones… En este proceso todos ganan gracias al puro proceso capitalista. El estado, hace todo lo contrario….

El Estado amenaza a su capitalista —el contribuyente— con las leyes del legislador, la prisión o el daño físico. Si el contribuyente se revela y persiste en defender lo suyo hasta las últimas consecuencias en contra de la extorsión estatal (impuestos), el estado no dudará en amenazarlo con cartas, asaltar sus cuentas bancarias e irlo a buscar y darle prisión si se defiende alegando que es un antisocial, un poco solidario o que no compartía lo que había ganado con la comunidad y que, encima, se intentó defender contra las fuerzas del orden.

Cuando el estado se enfrenta al consumidor el proceso toma otro camino, pero las consecuencias siguen siendo nefastas. Los políticos pueden decir lo que quieran referente a su voluntad de servir al consumidor (comunidad), pero lo único que cuentan son sus hechos; y estos, probadamente están en contra de lo que dicen. Su único objetivo es simular que se esfuerzan en la eficiencia de su tarea y tener contentos a los grupos de presión (que nunca representan al consumidor, sino a ellos mismos). Dotado del monopolio legal de la fuerza física, el estado convierte algo que es inimaginable en una economía puramente privada y libre: abolir los tratos contractuales, y transformar el capital en un bien casi libre. Esto último no sólo lo hace por medio de los impuestos, sino también, creando inflación crediticia.

El estado no sólo toma el dinero de los demás para redistribuirlo según su propio y arbitrario criterio, sino que además es capaz de expandir la oferta monetaria creando nuevo dinero a través de las emisiones de deuda. No está imprimiendo dinero de forma física pero con esas emisiones, y junto con los Bancos Centrales, diluyen la oferta monetaria, envileciendo la moneda para otorgarla a los grupos de presión (subsidios) o simplemente para gastarlo en sus objetivos (expandir la burocracia, su gasto corriente, creación de más entes reguladores, “ayuda a los pobres”…). Este proceso rompe totalmente la estructura de capital dañando a las rentas más bajas y a las fijas (pensiones, asalariados…). Por el contrario, la naturaleza del mercado libre basa su distribución en la creación respaldada de capital puro, no sacado del aire. Y eso último, sólo se puede hacer por medio de un camino, el pacto contractual de la sociedad civil y libre mercado.

Las empresas del Estado no tienen nada que ver ni con la eficiencia, en cuanto el propio y esencial axioma de toda gestión se basa en la redistribución del capital escaso y que el estado vulnera mediante la agresión; ni tampoco tiene nada que ver con la moral natural del hombre que el Estado pisotea sin contemplaciones.

La Competencia

La empresa estatal no está alineada con su cliente, y por lo tanto, no puede conseguir mejoras en términos de calidad o precio de forma sustancial ni notable en la medida en la que sólo el mercado es capaz de avanzar: innovando constantemente. En lugar de eso el Estado sólo actúa de forma directamente visible con leyes, mandatos y restricciones emanadas de visión particular. Cada ley que el alto burócrata impone es un golpe a las libres decisiones de los agentes económicos y a la utilidad de sus clientes. Los proyectos faraónicos, típicos de las empresas estatales, pueden parecernos que consiguen una gran meta social o de orgullo nacional, pero no crean, sino que restan recursos a las empresas que sí escuchan a sus clientes. Cada proyecto público son muchos proyectos privados destruidos y, por lo tanto, implican menos bienestar para el individuo o sociedad civil.

Las empresas públicas, por su propia estructura, carecen de la información necesaria para “oír” al cliente y sus necesidades. Los economistas estatistas defienden que esa no es la función de la empresa pública, sino que su función es la de proveer a aquellos consumidores pobres o, en el lenguaje de los economistas estatistas “sub–marginales” de ciertos servicios, esto es, a los que están por debajo de las “rentas medias”. La realidad, pero, es que sólo el mercado libre es capaz de proveer completamente a estos consumidores, o actores sub–marginales y al resto sin más ayuda que su propio afán de lucro. Cuando vemos que una empresa pública da un servicio “gratis” o muy barato, lo celebramos, pero nada es gratis. Tal empresa pública ha tenido que sacar esos recursos de otra parte; y esos recursos han sido extraídos a los particulares y empresas o bien endeudándose.

Por el contrario, el empresario privado debe de escuchar y no sólo eso anticiparse e innovar al consumidor para que éste le gratifique con su dinero y lo siga haciendo en el futuro. Si lo hace mal, el empresario quiebra y lo sustituirá otro empresario mejor preparado. Pero cuando el estado se apodera del mercado y toma por ley el monopolio de un sector, no hay lugar para el empresario privado. En este momento, el sector se vuelve estático, pierde el dinamismo que sólo el hombre libre puede darle. Esto reduce la competencia en sentido amplio encareciendo la estructura de capital de las fases últimas y previas del producto y servicio gradualmente (pero no uniformemente). Lo que parece no ver aquí el economista estatista es que, no sólo se está dando un servicio por debajo del que se habría llegado mediante la libertad de mercado, y que por medio de la libertad de los medios de producción habría satisfecho también a los actores sub–marginales, sino que el estancamiento que ha creado genera pérdidas netas al conjunto de la sociedad en la medida, no sólo de disminución de la productividad real, sino en la propia distorsión de la estructura del capital libre. En otras palabras, el empresario crea; el estado destruye, y esto es tan importante que escribiré más sobre el tema en el futuro próximo.


Para la empresa estatal al no importarle en absoluto el cliente, nunca está preocupada en lo más mínimo en ser productiva y competitiva, por esto es incapaz de siquiera equilibrar sus costos con el precio final al que vende sus bienes o servicios, por más que se le quiera dotar de una estructura semejante a las empresas privadas (dotarla de consejo de administración por ejemplo) es infructuoso ya que el Estado está impedido para garantizar empresas sanas, lo suyo es el constante dispendio y derroche de él sólo emana déficit e ineficiencia.

Las empresas estatales no sólo son ineficiente y ocasionan pérdidas son también inmorales, el estado no sólo no cumple ninguna función social como la que claman de mayor justicia y abastecimiento para un mayor número de personas, sino que la contradice y la viola constantemente haciendo redistribuciones emanadas de la fuerza. Este uso de la fuerza además repercute directamente en la economía creando que los que están por debajo de las rentas medias jamás puedan llegar a mejorar su situación y el resto se empobrezca de forma gradual y continua; adicionalmente si las empresas estatales son monopólicas y controlan áreas importantes de la economía su ineficiencia y dispendio contribuyen a reducir la productividad y competitividad del país alejando las inversiones, que son, le guste o no a la izquierda el único camino real para abandonar la pobreza y la marginación. Por lo tanto, el estado no puede actuar ni en el campo económico ni político ni moral. Su función es muy clara: desaparecer como empresario.

Concluyendo, el estado impone un latrocinio implantando un sistema moral basado en la extorsión y el robo. El empresario, por su contra, sólo cierra acuerdos contractuales o de mutuo acuerdo con su cliente o el capitalista. En los negocios privados, y debido a este contrato (aristotélico), todo el mundo gana. En ningún momento el empresario pretende tener una moral más elevada que su cliente ni robarle el dinero o su libertad para reasignárselo a otro o quedárselo el mismo; lo único que pretende, a igual que su cliente, es sacar el máximo provecho con el menor coste posible.

Y este sistema inmoral totalmente alejado de la función del Estado es lo que está en la Constitución Socialista de México, y es causa principal de nuestra poca productividad y competitividad como país, y eso, la improductividad es lo que defiende la izquierda cuando se niega a reconocer en primera instancia lo que aquí he escrito y que mientras exista y no se reemplace no por una sino por varias empresas competitivas México seguirá igual:

Improductivo, con bajos crecimientos económicos, poco atractivo a la inversión, con la misma pobreza si nos va bien, pero lo más probable es que debido al desorden que producen las empresas estatales la pobreza crezca después de las crisis fiscales de ajuste originadas por los enormes déficit generados por el Estado (producto en gran parte de sus “empresas”) y por tanto, no sólo no ayudan a los pobres, eventualmente producirán más y más, ese es el destino de México mientras continuemos con nuestras empresas estatales en áreas claves de la economía como lo son la energía, la salud, y la educación.