El Sistema Tributario, Moral y Economía 2

Vayamos ahora con los impuestos directos. Los impuestos directos se diferencian de los indirectos no sólo en la forma de recaudación, sino asimismo en el hecho más importante de que no pueden trasladarse: quienes los pagan no pueden reclamar su reembolso a otros. La incidencia de los impuestos directos recae principalmente en rentas, acumulaciones y propiedades, en lugar de en bienes en el proceso de intercambio. Se nos grava por lo que tenemos, no por lo que compramos, en las ganancias empresariales o los pagos por servicios ya prestados, no los ingresos anticipados. Así que no hay manera de trasladar la carga. El pagador no tiene alternativa.

En México han inventado un nuevo impuesto directo: El IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única), ideado para que las empresas que no tienen utilidades fiscales de todas formas paguen sobre su flujo de efectivo, ¿Podría concebirse algo más perverso? Salvo unas pocas deducciones, el IETU golpea sobre los flujos de efectivo sin importar los costos, es decir no grava utilidades. Así, el Estado no se apropia de la renta, ni siquiera de lo que tenemos, se apropia del dinero operativo de la empresa, sin recato alguno. Así, empresas con problemas financieros, de todas formas tienen que pagar y agravar esos problemas, el Estado no tiene consideración alguna, pagas o pagas.

¡Qué Paguen los Ricos!

Los claros impuestos directos son los que se recaudan en rentas, herencias, donaciones, valor del inmueble. Todas estas apropiaciones por parte del Estado se prestan a la propaganda de que paguen los ricos, de la “terrible desigualdad”, y se apoyan en la envidia de los incompetentes, la amargura de la pobreza, la sensación de injusticia que engendra nuestra economía monopolística. Se ha defendido la fiscalidad directa desde los tiempos coloniales (junto con el sufragio universal), como una implantación necesaria para la democracia, como el instrumento esencial de “nivelación” de esa desigualdad. La oposición de los ricos a los impuestos directos añadió virulencia a los reformistas que defendían éstos. En tiempos normales, el Estado es incapaz de superar esta oposición bien trenzada, organizada y plena de recursos. Pero cuando la necesidad de mejorar la pobreza masiva, la garantía de los “derechos sociales” o necesidades coyunturales como las guerras, exprimen la bolsa del Estado hasta su límite y nuevos impuestos indirectos se hacen imposibles o amenazan la paz social, la oposición debe ceder. El Estado nunca renuncia completamente a las prerrogativas que adquiere durante una “emergencia”; en nuestros países Latinoamericanos, siempre estamos en “emergencia”, siempre hay pobres; y así, después de una serie de guerras, recesiones y depresiones, los impuestos directos se convirtieron en parte integrante de nuestra política fiscal y aquéllos en quienes recaen deben contentarse con recortar los más que sea posible los gravámenes a pagar, o tratar, como en el caso de las empresas trasladar en lo posible a los precios de sus bienes o servicios, siempre y cuando claro, no exista competencia externa que anule esta posibilidad.


No Sólo los Ricos

Como era obvio preverse, la etiqueta de que paguen los ricos y sólo los ricos resultó ser un término malévolamente equivocado. Era imposible que el Estado se contuviera una vez que este instrumento de obtener ingresos adicionales estuviera en sus manos. Una renta es una renta, venga de dividendos, operaciones del mercado negro, ganancias del juego o simples salarios. A medida que aumentan los gastos del Estado, lo que por supuesto, siempre ocurre, el gasto Estatal no tiene límite, siempre se expandirá; las inhibiciones legales y consideraciones de justicia o compasión se dejan de lado y el Estado mete la mano a todos los bolsillos. Así, el poder político ha inventado nuevos impuestos: Reclama que el empresario deduzca una cantidad del sobre de la paga, no sólo como retención del impuesto sobre la renta al trabajador sobre el salario, sino aún más mediante los llamados impuestos de seguridad social, que incluyen el obligatorio seguro médico, el obligatorio aportación para la vivienda y el también obligatorio aporte a los fondos de retiro que, por supuesto, cobran comisión. Por cierto que éstos demuestran la completa inmoralidad del poder político. Los impuestos de seguridad social no son sino impuestos a los salarios en toda su extensión y se les dio un nombre equívoco deliberada y maliciosamente. Incluso la parte que “paga” el empresario acaba siendo abonada por el trabajador en el precio de los bienes que consume, pues es evidente que esta parte es un mero coste de operación y se repercute con un recargo. La recaudación de los impuestos de la seguridad social no se deja aparte para pagar “beneficios” sociales, sino que se incluye en el fondo fiscal general, sujeto a cualquier apropiación, y cuando se acaba autorizando una miseria para la pensión de un anciano, se paga con la recaudación fiscal actual. No es comparable en modo alguno con un seguro, es una ficción que se ha abierto paso en nuestra política fiscal, sino que es un impuesto directo a los salarios.

Hay más gente en los tramos de bajos ingresos que los altos; hay más legados pequeños que grandes. Por tanto, en el total, aquéllos que son menos capaces de soportar las cargas de que paguen los ricos, son los que las sufren, los que en más premura económica quedan. El intento de ocultar esta desigualdad por un sistema de impuestos progresivos acordes a los ingresos, no es real. Incluso un pequeño impuesto a una renta de treinta mil pesos anuales causará al pagador dificultades y carencias importantes, mientras que un impuesto del 35% sobre quinientos mil pesos, deja suficiente para vivir confortablemente. Hay una enorme diferencia entre arreglárselas sin un nuevo automóvil a seguir usando unos pantalones con remiendos, zapatos con suelas renovadas, o privarse de comer carne. También debería recordarse que el ingreso del trabajador casi siempre está limitado a los salarios, que son fáciles de registrar, son lo que malévolamente se llama “causantes cautivos”, por que sí, no tienen ni como defenderse del expolio; mientras que por otra parte las grandes rentas derivan principalmente de negocios u operaciones de juego y no son tan fáciles de percibir; ya sea por intentar pagar todo el impuesto o por las necesarias ambigüedades que hacen que la cantidad exacta sea asunto de conjeturas en la contabilidad, quienes tengan grandes rentas se ven favorecidos, son además los que tienen los recursos para pagar a expertos contadores y abogados fiscalistas para que su cuenta sea la mínima posible dentro de lo legal. Son los pobres los que pagan más por los impuestos, no tienen ni como defenderse, esto es una verdad incuestionable por los impuestos que supuestamente deberían de pagar los ricos. ¡Qué paguen los ricos!, eso no sucede, en la práctica es ¡Qué paguen los pobres!

Desaliento

Los impuestos de todo tipo desalientan la producción. El hombre trabaja para satisfacer sus deseos y necesidades, no para financiar al Estado. Cuando se le quitan los resultados de sus trabajos, sea por bandidos o por la sociedad organizada, su inclinación es limitar su producción a la cantidad que puede quedarse y disfrutar. Es común rechazar otro compromiso lucrativo porque el ingreso adicional llevaría a su renta anual a un tramo impositivo más alto, y/o a la obligatoriedad de presentar declaraciones por tener dos trabajos, yo mismo he dado clases en la universidad por las consecuencias fiscales que tendría sin cobrar. De forma parecida, todo empresario debe tener en consideración, cuando sopesa el riesgo y la posibilidad de ganancia en una nueva empresa, la certidumbre de una compensación en impuestos en caso de éxito, y el tamaño de las acumulaciones de capital abortadas por los impuestos.

¿Por qué trabajar si no se gana nada? ¿Por qué abrir un negocio para sostener a los políticos?

En principio, el impuesto directo es el peor, pues niega directamente el derecho a la propiedad privada, niega el derecho de todo hombre a disfrutar de su trabajo, de su esfuerzo. Por su mismo sigilo, el impuesto indirecto es un reconocimiento ambiguo del derecho del individuo a sus ganancias: El Estado se acerca sigilosamente al propietario, por decirlo así, y se lleva lo que necesita alegando dicha necesidad, pero no tiene la temeridad, ni pudor, ni moral, de cuestionar el derecho del propietario a sus bienes. Sin embargo en el impuesto directo proclama rotunda y descaradamente el derecho prioritario del Estado sobre todas las propiedades. La propiedad privada se convierte en una concesión temporal y revocable, para México, esto es clarísimo y así está redactado en la Constitución que en el artículo 27 se escribe el “corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares”. El ideal jeffersoniano de derechos inalienables, el derecho a la vida arriba de todos, y como consecuencia lo que se hace con la vida que es la propiedad, se ve liquidado y sustituido por el concepto marxista de la supremacía del estado sobre el individuo, sobre la vida misma. Es mediante la política fiscal, más que mediante la revolución violenta o la apelación a la razón o la educación popular o cualquier fuerza histórica ineluctable, mediante la que se lleva a cabo lo sustancial del socialismo. Advirtamos cómo se ha logrado la centralización la “rectoría del Estado” a partir de la implantación del impuesto federal sobre la renta, cómo se ha disuelto en la práctica la unión de comunidades independientes. Las comunidades se han reducido al estado de distritos, el individuo ya no es un ciudadano de su comunidad, sino un sirviente, un siervo del gobierno federal, de los modernos señores feudales: los políticos.

Una inmoralidad básica se convierte en el centro de un vórtice de inmoralidades. Cuando el Estado invade el derecho del individuo al producto de su trabajo se apropia de una autoridad contraria a la naturaleza de las cosas y por tanto establece un modelo no ético de comportamiento, tanto para él como para aquéllos contra los que ejercita su autoridad. Así que el impuesto sobre la renta ha hecho al Estado cómplice de lo obtenido del crimen; la ley no puede distinguir entre rentas derivadas de la producción y rentas derivadas del robo; no le preocupa su origen. Igualmente esta negación de la propiedad genera un resentimiento que se convierte en perjurio y falta de honradez. Hombres que en sus asuntos personales difícilmente recurrirían a esos métodos, o que se verían en el ostracismo social por practicarlos, se enorgullecen y les felicitan al evadir las leyes del impuesto de la renta: se considera adecuado emplear las mentes más hábiles para esto. Aun más degradante es animar al espionaje mutuo mediante sobornos. Ninguna otra medida en la historia ha causado una indiferencia de principios comparable en los asuntos públicos o ha tenido un efecto tan deteriorante en la moralidad.

Para abrirse paso a la buena voluntad de sus víctimas, los impuestos se han rodeado de doctrinas de justificación. Ninguna ley que no tenga la aprobación o aquiescencia pública puede implantarse y para obtener ese apoyo debe dirigirse a nuestro sentido de la rectitud. Esto es particularmente necesario para normas que autoricen a llevarse la propiedad privada, esto es, robar.

Hasta hace poco, los impuestos se defendían por la necesidad de mantener las funciones necesarias del gobierno, llamadas generalmente “servicios sociales” (derechos a la educación, vivienda, pensión, trabajo). Pero, al ser parte de la naturaleza del poder político que no puede restringirse el área de su actividad, su expansión se produce en proporción a la falta de resistencia que encuentra. La resistencia al ejercicio de este poder refleja un espíritu de confianza en sí mismo, que a su vez depende de un sentimiento de seguridad económica.

Cuando falla una economía en general, la inclinación de la gente, desconcertada por no entender sus causas básicas, es dirigirse a cualquier curandero que prometa alivio, cualquiera que inflame su imaginación de que las cosas pueden mejorar con “magias”, cualquier Obama, Hugo Chávez, López Obrador. El político sirve con gusto para esto: sus honorarios son el poder, implantado con dinero. Ocultas a la opinión pública están las acciones del poder político como el fondo, la razón explicable, del mal económico, como también lo son los privilegios de monopolio, del mercantilismo, y los propios impuestos. Por tanto la promesa de alivio es suficiente por sí misma y se produce el acuerdo, se producen los votos de los “demos”(pueblo). Así ha resultado que el área del poder político ha invadido cada vez más actividades sociales y con cada expansión se añade otra justificación para los impuestos adicionales. La actual filosofía tiende hacia la identificación de la política con la sociedad, la erradicación del individuo como unidad esencial y por tanto la eliminación del concepto de propiedad privada. Ahora los impuestos se justifican no por la necesidad de ingresar para gestionar los servicios sociales específicos, sino como un medio necesario para supuesto e inespecífico mejoramiento social.