Sobre el Futuro de la Libertad. (3)

El Gobierno Limitado ¡Imposible!

Los liberales hemos cometido el grave error de aceptar a la institución gubernamental como consistente con los principios liberales básicos de propiedad privada, apropiación original de los bienes que no tienen dueño, y contractualismo, la consecuencia de este error ha sido, como hemos explicado en el post previo, nuestra propia destrucción.

Primero y ante todo, esto proviene del error inicial de la solución liberal al eterno problema de la seguridad física y patrimonial. Dándole al gobierno esa única función, proporcionándole el monopolio de la violencia y la posibilidad de recaudar impuestos.
Se ha tratado de limitar el tamaño de gobierno constitucionalmente, pero esto es contradictorio y praxeológicamente, esto es, que desde el punto de vista de la acción humana es un ideal imposible. Contrario a la original intención liberal de salvaguardar la libertad y la propiedad, cada gobierno mínimo tiene la tendencia inherente de volverse con el tiempo en gobierno máximo, y no limitarse a sólo proporcionar seguridad, sino que crece para meterse con todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas, convirtiéndonos en su siervos, en sus esclavos.

En efecto, un vez que se acepta incorrectamente el principio básico de gobierno, esto es, los monopolios judiciales y de policías junto con el poder para poder recabar impuestos como algo justo, se vuelve totalmente ilusorio cualquier intento por salvaguardar la libertad individual y la propiedad privada. Es totalmente predecible que bajo los auspicios monopólicos el precio para proporcionar la justicia y la seguridad física y patrimonial aumentará de forma continua y así como éste sube, la calidad de la justicia y la efectividad de la protección disminuyen. Esto es, la típica ley de resultados decrecientes. Es totalmente contradictoria en sus términos el establecimiento de una agencia de protección fondeada por impuestos, ya que ella es en sí misma un expropiador que inevitablemente lleva a más impuestos y menos protección esto aún sí, como los liberales proponían se daría con el establecimiento de un gobierno limitado exclusivamente a labores de protección. Esto lleva al cuestionamiento de que tanta protección es necesaria. Para el gobierno, aún el supuestamente confinado a labores específicas al estar equipado con la posibilidad de cobrar lo que quiera vía impuestos su meta final siempre será maximizar los gastos para proporcionar la protección, así ha sucedido siempre con cualquier gobierno y no sólo en los gastos de seguridad con cualquier concepto. Esto es, con la posibilidad de cobrar impuestos, y en consecuencia asignar el costo que quiera, el gobierno pudiera consumir la renta nacional completa. Para el gobierno, entre más se gaste y menos se trabaje, mejor se estará.

Aún más, los monopolios judicial y el del ministerio público invariablemente llevarán al deterioro permanente de la calidad de protección. Si nadie puede apelar por justicia más que al gobierno, la justicia se pervertirá a favor del gobierno. Previsiblemente las definiciones de propiedad y protección serán alteradas a modo y el dominio de la jurisdicción expandido a favor del gobierno. Entonces ¿Cuál justicia, cuál protección? Menciono como nota al margen el caso de la Sra. De Wallace que ante la ineptitud del MP, tomó ella misma el caso de persecución y captura de los secuestradores y asesinos de su hijo. ¡Qué diferente sería la cosa si hubiera competencia de MP!

De esta forma, una vez que se acepta que a fin de proteger e imponer la cooperación pacífica entre A y B, se justifica como necesario tener el monopolio judicial X, arribamos a una doble conclusión: Si existe más de una entidad judicial digamos X, Y, y Z, entonces así como presumiblemente no habrá paz entre A y B sin la existencia de X, tampoco habrá paz entre las entidades judiciales X, Y. y Z ya que éstas permanecerán en un “estado de anarquía” cada una de ellas con las otras. Se concluye así que para lograr obtener el ideal liberal de paz universal y eterna se justifica la existencia de un gobierno mundial que centralice todo el poder político y lo unifique.

Iguales ante la Ley no es Igualitarismo

Finalmente, del error de aceptar el gobierno como algo justo sigue que la antigua idea de la universalidad de los derechos humanos y la unificación de la ley se confundan y que bajo el lema de “iguales todos ante la ley” se transforme en el vehículo para el igualitarismo en el sentido económico del socialismo ramplón. Esto es opuesto al anti igualitarismo y aún sentimientos aristocráticos de los liberales primigenios, así podemos concluir que la idea de los derechos humanos universales cuando se combina con la del gobierno, resulta el igualitarismo y con ello la efectiva destrucción de los derechos humanos, empezando, por supuesto con el de la propiedad.

Entonces ¿Cómo podríamos ajustar la idea de los derechos humanos universales e iguales para todos? La respuesta liberal es abrir la participación en el gobierno en condiciones iguales a cualquiera, no sólo los aristócratas como era entonces, mediante la democracia. Cualquiera, no sólo una clase de nobles que hereda la posibilidad de gobernar, se le permite gobernar. Sin embargo, esta igualdad democrática ante la ley es algo totalmente diferente e incompatible con la idea de una ley universal, que se aplique por igual a todos, en todas partes y en todo momento. De hecho todo lo inaceptable y desigual del sistema monárquico, se preserva íntegramente en la democracia. En efecto bajo la democracia, todos somos iguales en la posibilidad de entrar al gobierno, en México, ni siquiera esto es cierto ya que se tiene forzosamente que ser miembro de un partido político. En la democracia, supuestamente no existen privilegios ni funciones privilegiadas. Pero la realidad es que los gobernantes están protegidos por la ley pública y ocupan una posición de privilegio en relación con el resto de las personas. Por tanto, los políticos gobernantes no tienen diferencia alguna de los antiguos monarcas. Privilegios, proteccionismo y discriminación legal serán ejercidos por los gobernantes democráticos, claro, mientras estén en el cargo de gobierno o se perpetúen sus privilegios si continúan dentro de la casta de los nuevos aristócratas los políticos.

Previsiblemente, bajo condiciones democráticas, la tendencia de todo monopolio de incrementar precios y reducir la calidad será más fuerte y pronunciada. Los reyes y príncipes tenían un monopolio hereditario en el que consideraban que el territorio y la gente bajo su jurisdicción eran de su propiedad personal. Bajo la democracia, el monopolio y la explotación monopólica no desaparecen. Aún si a cualquiera se le permite entrar al gobierno, esto no elimina en nada la distinción entre gobernantes y gobernados. Los actuales gobernantes democráticos en nada difieren de los reyes más que en la temporalidad de su mandato, y mientras estén gobernando el país es prácticamente suyo lo que usa en su propio beneficio y el de sus protegidos. El gobernante democrático tiene el usufructo, el provecho del poder –pero no las existencias de capital. Esto no elimina la explotación. Al contrario, esto hará que la explotación menos calculadora y será ejecutada con muy poca o ninguna consideración a las existencias de capital. En pocas palabras, la explotación de los gobernantes democráticos es miope. Aún más, con la posibilidad libre de entrar a participar en el gobierno, la perversión de la ley se hará cada vez más rápido. Así, en lugar de que el gobierno proteja la propiedad privada preexistente y el capital (que es propiedad privada), se montará el esquema de la redistribución de los derechos sobre la propiedad privada preexistente en el nombre de la ilusoria y falaz “seguridad social” y los “derechos sociales”, esto proseguirá hasta que la idea de los derechos universales del hombre se reemplacen por un ley creada positivamente por la legislación del gobierno.

Así, llegamos al resultado del gobierno democrático que supuestamente es aceptado para la protección física y patrimonial de los individuos, pero que se convierte finalmente en explotador, y ladrón destruyendo él mismo las razones que supuestamente lo validarían como justo.

A la luz de estas ideas podemos tratar de responder al cuestionamiento del futuro del liberalismo.

Debido a su propio error fundamental en relación con el estatus moral del gobierno, el liberalismo contribuyó con la destrucción de todo lo que originalmente deseaba preservar y proteger: La libertad y la propiedad. Una vez que se acepta el principio del gobierno, es sólo cuestión de tiempo para que se dé el triunfo final del socialismo sobre el liberalismo. El presente neoconservador (o neoliberalismo) el “Fin de la Historia” como Fukuyama clama, de social democracia impuesta no es sino el resultado de dos siglos de confusión liberal. Por tanto, en su forma actual, el liberalismo no tiene ningún futuro. El futuro es para la social democracia, y éste futuro ya ha llegado (y sabemos perfectamente que no funciona).

Una vez que la premisa del gobierno es aceptada por los liberales, quedamos totalmente sin argumento cuando los socialistas reivindican esta premisa a su lógico fin último. Si el monopolio es justo, entonces la centralización es justa. Si los impuestos son justos, entonces más impuestos serán también justos. Y, si la igualdad democrática es justa, entonces la expropiación de la propiedad privada también lo será. En este estado de las cosas, ¿Qué podemos decir los liberales a favor de menos impuestos y redistribución?

Si ya se ha admitido que los impuestos y el monopolio gubernamental son justos entonces al liberal no le queda ningún principio moral para poder contra argumentar. Reducir impuestos no tiene ningún imperativo en el orden moral. Por esto, a los liberales actuales sólo nos queda exclusivamente esgrimir argumentos de índole económico. Por ejemplo podemos argumentar que la reducción de impuestos tendría en el largo plazo beneficios económicos. Sin embargo, al corto plazo, y para mucha gente (los receptores de los beneficios de los impuestos y los servidores públicos) menos impuestos también implican costos económicos. Ante esto y despojado de argumento moral al liberal sólo le queda argumentar el análisis del costo – beneficio, sin embargo, este análisis debe probarse y esto es imposible y cualquier propuesta relacionada es considerada como una mera opinión. Bajo esta situación, los socialistas se presentan más francos, consistentes y consecuentes, mientras que los liberales aparecemos como ilusos, confundidos, carentes de escrúpulos y aún oportunistas. Aceptamos los liberales la premisa básica del orden vigente – el gobierno democrático – pero constantemente nos lamentamos del resultado antiliberal.

Continuamos…